Costa Rica castigará con penas de cárcel de entre 20 y 35 años los crímenes que sean considerados «de odio», según una norma promulgada este lunes y que fue saludada por colectivos de la sociedad civil.

«Se busca fortalecer y actualizar el régimen costarricense de protección a los derechos humanos y la igualdad de las personas y poblaciones», dijo el presidente Carlos Alvarado, quien dejará el poder el 8 de mayo.

Se trata de una reforma al Código Penal costarricense aprobada recientemente por el Parlamento, que sanciona a quien «lesione, agreda o dé muerte por razones de raza, edad, religión, nacionalidad, opinión política, discapacidad u orientación sexual».

Alvarado firmó la nueva norma en un acto en Casa Presidencial, donde aseguró que esta iniciativa protege a aquellas personas «que han sido históricamente violentadas y perseguidas por el azar de haber nacido con determinada nacionalidad, etnia, discapacidad o tener una orientación sexual distinta».

«Esto era una necesidad en este país. La ley asegura a los que somos diferentes en nuestra piel, pero que también somos iguales ante la ley», consideró Enrique Joseph, comisionado de la población afrodescendiente, presente en la ceremonia.

«Representa la lucha de todos aquellos que han levantado la voz demandando un castigo ante los que, por odio, discriminación y racismo, han perpetrado delitos», agregó.

Para la activista Jota Vargas, «legislar los crímenes de odio es de vital importancia, porque Costa Rica le dice a la población LGTBIQ+ que está bien existir, ser, amar».

Agregó en que los últimos años han sido asesinadas varias personas «por su orientación sexual, identidad o género».

Según Enrique Sánchez, presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos y autor del proyecto, Costa Rica había recibido, desde 2019 en un foro en Ginebra, múltiples recomendaciones por parte de países participantes y oenegés de tipificar los crímenes de odio. 

«Es diferente un homicidio, agresión o ataque contra una persona por su color de piel, nacionalidad, identidad de género o religión. Es diferente porque es un ataque aleccionador contra una comunidad», comentó el legislador.

Sánchez explicó que con la reforma  «las autoridades podrán investigar si el odio es la motivación de un crimen» y así «los tribunales podrían imponer sanciones más altas».