El Salvador superó las 17,000 capturas de supuestos pandilleros bajo un régimen de excepción que se acerca al fin de su primer término, pero que continuará hasta finales de mayo tras la aprobación de su extensión en el Congreso, lo que Amnistía Internacional ha llamado una “tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”.

El Legislativo otorgó poderes especiales al Gobierno del presidente Nayib Bukele a finales de marzo para lanzar su “guerra contra las pandillas” y el domingo le garantizó la continuidad, pero dicha ampliación entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial.

La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo pasado el estado de excepción por 30 días luego de una oleada de asesinatos que en tres días se cobró la vida de 87 personas, asesinatos que solo el día 26 de marzo llegaron a 62.

Esta es la cifra más alta en la historia reciente del país centroamericano registrada en un solo día.

El vencimiento de los primeros 30 días de la suspensión de garantías constitucionales se cumpliría el miércoles 27 de abril, pero el sábado por la noche el presidente Bukele convocó al Consejo de Ministro para que solicitara al Congreso la ampliación del estado de excepción.

La Constitución salvadoreña señala que se deben mantener las mismas condiciones que propiciaron la aprobación del régimen de excepción para que este se pueda ampliar.

El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales por la cantidad de pandilleros en libertad.