(CNN) — Un grupo de abogados presentó una demanda federal contra la “Operación Lone Star” del gobernador de Texas, Greg Abbott, para arrestar a migrantes bajo las leyes estatales por entrada ilegal, alegando que tiene como objetivo “personas negras y morenas, principalmente latinos, para enjuiciarlos».
La demanda fue presentada el miércoles en el distrito occidental de la Corte Federal de Distrito de Texas en nombre de 15 inmigrantes que fueron arrestados en Texas bajo el programa.
Los demandantes argumentan en parte que los arrestos por entrada ilegal bajo la Operación Lone Star «regularmente carecen de causa probable», «son discriminatorios por motivos de raza y origen nacional, incluido el estatus migratorio percibido», y que la discriminación viola los derechos constitucionales.
También argumentan que el programa de arresto por entrada ilegal es una faceta del «esfuerzo más amplio» de Texas para usurpar ilegalmente la ley federal «y crear unilateralmente una política de inmigración estatal y participar unilateralmente en la aplicación de la ley de inmigración sin la autoridad o supervisión del gobierno federal».
La demanda pide US$ 5,4 millones en daños. También pide que un juez, entre otras cosas, declare que la ley federal imposibilita a la Operación Lone Star y ordene la suspensión de la operación.
Entre los acusados enumerados se encuentran Abbott y el condado Kinney de Texas, un condado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. CNN se ha comunicado con la oficina de Abbott y no ha recibido respuesta. El condado de Kinney, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento de Justicia Criminal de Texas enviaron mensajes a CNN diciendo que los departamentos no comentan sobre litigios pendientes.
Abbott lanzó la Operación Lone Star, que según su oficina fue un esfuerzo para combatir la inmigración ilegal y el contrabando de personas y drogas a Texas en la frontera entre Estados Unidos y México, en marzo de 2021.
Más de 5.000 personas han sido arrestadas en el marco de la operación, dice la demanda
La demanda afirma que el estado «ha creado un sistema de enjuiciamiento y detención penal separado» para los migrantes arrestados bajo la operación, uno con «expedientes penales separados, asignaciones separadas de defensores públicos, cárceles separadas (prisiones estatales convertidas) e incluso una ‘instalación de procesamiento de inmigrantes criminales’ separada para la reserva».
Este sistema ha dado lugar a violaciones de los derechos civiles, «incluidas declaraciones juradas fraudulentas de causa probable, falta de nombramiento de un abogado, falta de presentación de cargos a tiempo, encarcelamiento excesivo e incluso el reemplazo unilateral de jueces», afirma la presentación.
Bajo el programa de arresto, más de 5.000 personas han sido arrestadas por cargos penales estatales menores, y cientos de migrantes han sido arrestados y encarcelados durante semanas o meses sin un abogado, sin cargos, sin fianza, sin detención legítima, o sin una fecha de corte, alega la demanda.
“Los registros de arrestos muestran perfiles basados en raza/color, origen nacional y/o estado migratorio, incluso con numerosas descripciones de observación o recepción de informes de ‘migrantes indocumentados’”, afirma la demanda.
La Operación Lone Star se ha apoyado en los recursos del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas para vigilar la frontera. En un momento, la operación aumentó a más de 10.000 miembros del servicio.
La iniciativa finalmente incluyó el arresto de presuntos inmigrantes indocumentados por sospecha de entrada ilegal si se los encuentra en propiedad privada después de cruzar la frontera. La demanda también sostiene que algunos arrestos que carecían de causa probable incluyeron «casos en los que las fuerzas del orden han dirigido a personas de una propiedad pública a un lugar determinado, solo para luego arrestarlos por entrada ilegal una vez que llegan allí».
A medida que Abbott desplegó a miles de personas en la frontera entre Estados Unidos y México, los legisladores demócratas e incluso algunos de los miembros de la Guardia Nacional que participaron en la misión criticaron la operación como abiertamente política y un desperdicio de recursos.