Un grupo de parientes del general Julio de los Santos Viola, quien fue subfeje de seguridad del expresidente Danilo Medina, han sido incluidos en la acusación que depositó el Ministerio Público en contra de los implicados en el caso de corrupción Coral y Coral 5G.
En la acusación figura como acusada la esposa del general Viola, la señora María del Alba Trinidad y los padres de esta, identificados como Elida María Trinidad Santiago, y Manuel de Jesús Alba Solano.
Supuestamente la esposa del general sirvió de testaferro a su esposo para colocar a su nombre bienes adquiridos con fondos sustraídos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Mientras que los padres de esta, también figuran con una gran cantidad de propiedades, cuyo dueño real es el general De los Santos Viola, dice el Ministerio Público.
Los suegros del general Viola tenían asignados más de diez parcelas, solares, apartamento de seis niveles, y figuran como accionistas del 60 % y 40 % de empresas. También tienen un penthouse en la Torre Elsa, sector Gazcue, todo esto siendo la señora una conserje y el señor un criador de animales.
Un cuñado de Viola identificado como Manuel Antonio Alba Trinidad figura entre acusados.
También sobrinos y hermanos
La acusación indica que De los Santos Viola adquirió 11 inmuebles consecutivos (refundidos en terreno), cuatro de estos a su nombre, uno a nombre de su hermana Magnolia de los Santos Viola (no figura entre acusados), otros tres a nombre de su sobrino Raymel Pastor del Rosario Viola, quien está acusado formalmente de lavado, y otros dos a nombre de su sobrina Onoris Beatriz Soto de los Santos, quien también figura en la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Las imputaciones al general
El general viola era subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Danilo Medina, fue puesto en ese cargo por el mayor general Adán Cáceres.
De los Santos Viola supuestamente aumentó su patrimonio de manera exorbitante en 2020, cuando “realizó sus mayores compras de nuevos inmuebles”, al declarar 23 propiedades inmobiliarias valoradas en 65.7 millones de pesos.
Pero la Pepca dice que “al realizar una comparación de los ingresos percibidos y la cantidad de bienes adquiridos, así como el estilo de vida del imputado y la comunidad de bienes de este, no se evidencia una correlación entre los mismos”.