La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su «profunda preocupación» por el efecto de la epidemia de COVID-19 en la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
«Las últimas restricciones, que incluyen el aislamiento estricto de personas y nuevas restricciones de movimiento, tendrán graves consecuencias para quienes ya están luchando por satisfacer sus necesidades básicas», dijo Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada, en Ginebra.
La Oficina pidió a las autoridades norcoreanas que garanticen «que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia son necesarias, proporcionadas, no discriminatorias, sujetas a plazos y acordes con el derecho internacional de los derechos humanos», dijo Throssel.
También reiteró el llamamiento de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, para que la comunidad internacional alivie las sanciones «para facilitar la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia relacionada con el COVID-19«.
Corea del Norte anunció el martes seis nuevas muertes «a causa de la fiebre», según la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA, lo que eleva el número de fallecidos a 56, días después de que reconociera haberse visto afectada por la epidemia de COVID-19.
Según KCNA, los militares han «desplegado urgentemente sus fuerzas en todas las farmacias de Pyongyang y comenzaron a suministrar medicamentos».
A pesar de los confinamientos a gran escala, el número de muertos hasta el lunes era de 56, con más de 1,483,060 casos de «fiebre» y 663,910 personas en tratamiento, según la agencia.