El abogado peruano Benji Espinoza, defensor del presidente Pedro Castillo, solicitará este martes la «nulidad absoluta» de un caso abierto por la Fiscalía en contra del mandatario dentro de una presunta trama de corrupción.
«El día de mañana, está ingresando un pedido de nulidad absoluta contra la disposición del fiscal de la Nación. Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución que proscribe que a un presidente de la República en ejercicio pueda ser investigado», dijo Espinoza a periodistas a la entrada del Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo.
Ese artículo de la Carta Magna establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Constitución.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó este domingo ampliar la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informó el Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de un presunta red mafiosa instalada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Como parte de esa investigación, la fiscal peruana Rosario Quico acudió este lunes a la sede de la Presidencia de Perú para solicitar el registro de ingreso de personas y vehículos al Palacio de Gobierno como parte de las pesquisas por un presunto de caso de corrupción.
La responsable de la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción encabezó una diligencia en el Palacio de Gobierno en ausencia del jefe de Estado, que se encontraba en un gabinete de ministros descentralizado en la región amazónica de Loreto.
Al respecto, Espinoza recordó que en el Palacio de Gobierno «se alojan secretos de Estado» y, por tanto, «los órganos de justicia deben seguir otro tipo de procedimientos».
Finalmente, subrayó que «las diligencias tienen que hacerse respetando la ley».