Unos nueve periodistas han salido de El Salvador en las últimas semanas de manera preventiva, la mayoría por una reforma al Código Penal que castiga hasta con 15 años de prisión «cualquier manifestación escrita» que aluda el «control territorial de las pandillas», informó este martes un representante del gremio.
César Castro Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), indicó en una conferencia de prensa que las salidas «tienen que ver directamente, la mayor parte, con las reformas al Código Penal que se aprobaron en abril», que fue catalogada como «reforma mordaza».
Agregó que en su mayoría fueron «salidas preventivas», dado que los periodistas, cuyas identidades y medios no se revelaron por seguridad, desconocían si serían detenidos o no por las autoridades al realizar publicaciones sobre las pandillas.
El periodista afirmó que ha conocido casos de autocensura entre sus colegas y medios locales por dicha reforma, principalmente tras la publicación de medio salvadoreño El Faro de una investigación que señala que una ola de asesinatos a finales de abril se dio tras la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la Mara Salvatrucha (MS13).
«Hubo medios que no quisieron retomarla (la investigación) porque no sabían cuál era el alcance» de las reformas, dijo Castro y lamentó que la narrativa del Gobierno es que el periodismo es «enemigo».
Estas declaraciones fueron dadas en el marco de una conferencia en la que la APES y otras organizaciones que forman la Mesa de Protección a Periodistas se pronunciaron sobre la situación de la libertad de prensa con motivo el tercer año del Gobierno de Nayib Bukele.
Los representantes de la dicha entidad denunciaron que el Gobierno de Bukele tiene la «urgencia para controlar» al periodismo y que «ha preparado la mesa para silenciarlo».
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«El Gobierno, a través de la Asamblea Legislativa, ha preparado por eso la mesa para silenciar a la prensa», porque «el periodismo es lo único que el régimen aún no controla y «hay una urgencia para controlarlo», dijo en conferencia de prensa Castro.
Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (Fespad), indicó que la Mesa de Protección ha «denotado una serie de retrocesos y de violaciones al derecho de la libertad de prensa y expresión».
De acuerdo con la APES, las agresiones contra la prensa pasaron de 77 en 2019 a 220 en 2021, un incremento del 185.7 %