Varias oenegés de defensa de los derechos fundamentales se aliaron con las esperanza de impedir que Elon Musk compre Twitter, ante temores de que el magnate permita comportamientos tóxicos en la plataforma. 

«Si no bloqueamos esta operación, él dará un megáfono a los demagogos y los extremistas, que (…) incitan al odio, a la violencia y al acoso», declaró este viernes Nicole Gille, directora ejecutiva de Accountable Tech, en un comunicado.

Esta asociación, que milita por responsabilizar a las grandes empresas digitales, junto a una docena más buscan presionar a las autoridades, los accionistas y los anunciantes.

En especial, llaman a los reguladores a «examinar de cerca» el controvertido proyecto del jefe de Tesla, que ya ha tenido numerosos roces con el regulador bursátil estadounidense (SEC).

La coalición espera además «movilizar a los accionistas», «muy vulnerables» por el «comportamiento errático de Elon Musk«, argumentan las organizaciones, recordando que las acciones de Tesla «perdieron cerca de un tercio de su valor» desde inicios de abril. 

Entre otros varios giros, el empresario indicó a mediados de mayo que suspendería la adquisición por 44,000 millones de dólares, mientras obtenía garantías sobre los spams, antes de retractarse unas horas después.

A finales de mayo, los accionistas de Twitter presentaron una demanda contra Musk, acusándolo de haber manipulado el mercado para aprovecharse económicamente en su operación de adquisición. 

A raíz de esto, la SEC reveló que pidió a comienzos de abril explicaciones al directivo sobre su adquisición del capital de Twitter.

Las ONG asimismo esperan ganarse a las marcas, que son sensibles a la moderación de contenidos, lo que garantiza un entorno políticamente correcto para sus anuncios. 

Musk ha dicho que quiere la libertad de expresión en Twitter, que considera un espacio público fundamental para las democracias. Asocia la actual moderación de contenidos con una forma de censura, al igual que muchos republicanos.

El viernes, Twitter también anunció que el plazo para que las autoridades de la competencia estadounidenses pusieran en marcha una revisión profunda de la operación había expirado sin hacerse cargo del caso.