El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia, a partir de este viernes, en los distritos de Caravelí y Atico, en la región sureña de Arequipa, a raíz de los enfrentamientos entre mineros informales que provocaron la muerte de 14 personas y 31 detenidos.

El decreto supremo que dispone el estado de emergencia en esa zona, por 60 días, fue publicado este viernes en el diario oficial El Peruano y lleva la firma de la vicepresidenta Dina Boluarte, dado que el mandatario, Pedro Castillo, se encuentra asistiendo a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos.

En tal sentido, durante la vigencia del estado de emergencia quedan suspendidos los derechos relativos al libre tránsito y de reunión, así como otros referidos a la libertad y seguridad personales. 

La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las fuerzas armadas, y en atención a los decretos que regulan el uso de la fuerza para ambas instituciones.

El decreto detalló que el estado de emergencia en Caravelí y Atico se adoptó a pedido de la Comandancia General de la Policía Nacional con el fin de restablecer y mantener el control del orden interno, después de varias semanas de conflicto entre mineros informales de dos empresas que presuntamente invadieron los territorios de una tercera dedicada a la extracción de oro.

Mientras el gobierno declaró la emergencia en Arequipa, otro decreto supremo dejó sin efecto este viernes una medida similar que se había decretado en dos distritos de la región Apurímac, donde las comunidades tuvieron paralizadas las operaciones de la mina de cobre Las Bambas desde abril, pero han otorgado una tregua a la empresa china MMG de 30 días.

Sobre el conflicto en Arequipa, la Fiscalía confirmó el jueves la detención de 31 personas a las que se les incautó celulares con imágenes del presunto ataque, armas y municiones.

En rueda de prensa, las fiscales a cargo de la investigación señalaron que, en los próximos días, tienen que pronunciarse sobre la situación jurídica de los detenidos, que permanecen en una comisaría de Arequipa, para decidir si pedirán prisión preventiva u otra medida restrictiva.

«Estamos esperando los resultados de la absorción atómica que va a permitir definir quiénes realmente han hecho uso de armas de fuego», indicó una representante del Ministerio Público.

Los primeros siete fallecidos en el ataque, que fueron localizados el sábado, murieron por heridas de armas de fuego en una zona conocida como Huanaquita, en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, confirmó la Fiscalía.

Otros siete fallecidos aparecieron en el fondo de un barranco en la zona de La Catarata, el pasado martes, y actualmente trabajan en su identificación.

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que sufrieron un ataque, pero los detenidos declararon a los fiscales que llegaron a la zona como trabajadores de seguridad de una de las empresas mineras.

La Fiscalía explicó que existe un antecedente de enfrentamientos entre las empresas Inti Gold y Renace Calpa, donde la primera quería desalojar a la segunda a la fuerza.

Sin embargo, en el conflicto también participaron aparentemente miembros de una tercera empresa, Atico Calpa, según manifestaron pobladores a los medios locales.

El jueves, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) afirmó que es «preocupante» que estos conflictos entre grupos de mineros artesanales e informales «no hayan sido identificados y atendidos a tiempo» por los organismos gubernamentales y regionales competentes.

Además, los obispos peruanos, reunidos en la CEP, reclamaron en un comunicado a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los ministerios comprometidos y al Parlamento a actuar «con celeridad y eficacia para abordar esta problemática de manera integral» y «no lamentar más pérdidas de vidas humanas».