El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional intimó ayer al superior jerárquico de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Rodolfo Espiñeira Ceballos, para el depósito del acto conclusivo de la acusación contra los implicados en la operación Medusa.

La magistrada Altagracia Ramírez otorgó un plazo de 15 días, siguiendo lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Penal, al procurador adjunto Espiñeira, porque la procuradora Miriam Germán Brito se inhibió desde que se inició el proceso.  La jueza Ramírez fijó como límite una audiencia que fue programada para las 2:00 de la tarde del próximo 7 de julio.

Se recuerda que el Ministerio Público había obtenido un plazo el 19 de marzo pasado de tres meses, que comenzaron a contar el día 8 de marzo, para presentar acusación contra Rodríguez y los demás exfuncionarios de la Procuraduría.

Este plazo venció a las 12:00 de la medianoche de este miércoles.

En el Caso Medusa están imputados, además del exprocurador Rodríguez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del ministerio público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

También la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

Empresa sigue cerrada

En horas de la tarde la magistrada Ramírez  rechazó  la solicitud hecha por el exprocurador Rodríguez  y sus abogados para que le permitiera operar a su empresa, cerrada a raíz de la investigación. La magistrada negó el pedimento por entender que el caso sigue abierto en la fase investigativa.

El exfuncionario estaba fundamentando su pedido en que debe pagarles a once empleados, cobrar y emitir  cheques, y pagar impuestos.

“Le habíamos requerido tanto al Ministerio Público como al Tribunal, en primer lugar, la empresa que fundó el exmagistrado Rodríguez Sánchez en el año 2009, que es donde opera su oficina, donde él trabaja, donde trabaja su esposa y donde trabajan 11 personas en total, fue objeto recientemente de una inmovilización de fondos, le pedimos al Tribunal que nos permitiera operar, que nos permitiese hacer trabajos, recibir un pago y depositar en la cuenta y hacer cheques, irnos a la Tesorería y pagarles a los empleados y nos deje pagar impuestos y nos dijeron que por la aplicación del artículo 23 de la ley de Lavado de Activos, hasta que no acabe la investigación, eso está prohibido”, dijo el abogado de Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi.