En los 11 meses transcurridos desde unas inusuales manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en actos vandálicos en Cuba, las autoridades judiciales reportaron que 381 personas han sido sancionadas con hasta 25 años de prisión.
Un comunicado de la Fiscalía General difundido el lunes indicó que se realizaron 76 procesos en los Tribunales Populares de los que resultaron condenados 381 ciudadanos por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos. Agregó que un número no precisado tiene expedientes en trámite.
Las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 se produjeron en el marco de una crisis económica con desabastecimiento de medicinas, alimentos, combustible y cortes de energía eléctrica. Una combinación del endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos para presionar un cambio de modelo político en la isla y el efecto de la paralización económica provocado por la pandemia ocasionaron irritación, escasez y colas.
En las protestas los cubanos exigieron desde el fin del desabasto de comida hasta cambios de gobierno. Fueron las primeras movilizaciones de este tipo desde mediados de los años 90 y una persona falleció en la capital. Aunque muchos de los manifestantes actuaron pacíficamente se registraron acciones de saqueos de tiendas, enfrentamientos con la policía y destrucción de vehículos en la vía pública.
Las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero la organización de derechos humanos Justicia 11J –que monitorea los procesos– reportó que se habían arrestado a unas 1,400 personas, de las cuales la mitad siguen encarceladas.
Según la Fiscalía, a 297 personas se les impusieron distintas sanciones de privación de libertad de acuerdo con la gravedad de lo que hicieron y a otros 36 se les dictaron penas de entre cinco y 25 años de prisión por el delito de sedición. Además se dispuso el cambio de prisión por penas alternativas como trabajo correccional para 84 acusados, incluyendo a 15 jóvenes de entre 16 y 18 años.
Las autoridades defendieron los arrestos y enjuiciamientos ante las cortes alegando que las personas encausadas actuaron violentamente, pero grupos de derechos humanos dijeron que se trataba de presos políticos con sentencias ejemplarizantes para disuadir acciones opositoras.
Paralelamente el gobierno llamó a organizaciones de simpatizantes a defender lo que consideró ataques a la revolución. También acusó a Estados Unidos y a grupos de interés en La Florida de crear una campaña en redes sociales aprovechando la dura situación.