Tras verse acorralado por las imputaciones del Ministerio Público, el empresario gasolinero César Félix Ramos Ovalles optó por devolver al Estado 18,400,000 de pesos, dinero que -según las autoridades- obtuvo de las «transacciones golosas», y en cambio, fue excluido de las implicaciones.
Este martes, la jueza Yanibel Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud de criterio de oportunidad que pidió el Ministro Público en favor de Ramos Ovalle.
En ese sentido, se extinguió la medida que había contra él. Tenía garantía económica, pero desde este martes ya no tendrá que asistir a ninguna de las audiencias.
«Porque una vez este contactó la solidez de las imputaciones (…) fue movido por su conciencia a colaborar con el Ministerio Público y este es el resultado de su colaboración», manifestó Mirna Ortiz, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ramos Ovalle cumplió con los presupuestos y colaboró con las autoridades y enmendó su error con la devolución del dinero, expresó la fiscal.
Según la Pepca, entre 2019 y 2021, la empresa de Ramos Ovalle, Estación de Servicios La Marina S.R.L., fue favorecida con cuatro licitaciones para vender combustible a Cestur, actual Dirección Central de Policía de Turismo. La empresa recibía el pago, pero no entregaba ningún combustible. No obstante, el dinero era devuelto al imputado Rafael Nuñez de Aza a través de emisarios.
Tras la acusación, el empresario aceptó su responsabilidad y cooperó con el Ministerio Público.
Demás implicados se mantiene en prisión
Este martes, también el Sexto Juzgado de la Instrucción le conoció revisión obligatoria a la medida de coerción a Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores y Julio César de los Santos Viola.
En el caso de Adán Cáceres, este desestimó pedir la revisión de la presión preventiva.
Audiencia preliminar
Y para este miércoles, a las 10:00 de la mañana, el mismo Sexto Juzgado de la Instrucción conocerá la audiencia preliminar a los sometidos, tanto Coral como Coral 5G.
Dicha función le correspondía al Primer Juzgado de la Instrucción, pero al fusionarse ambos casos, será en el Sexto Juzgado donde se examinarán las acusaciones del Ministerio Público para ver si son suficientes para enviarlos a juicio de fondo.
También se revisará la demanda civil contra los acusados de sustraer más de 4,000 millones al fisco según expresó José Ortiz Beltrán, abogado del Estado dominicano.
La investigación del Ministerio Público comenzó en 2020 sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G. De acuerdo con el expediente, los acusados usaron el Cestur y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial para realizar sus operaciones fraudulentas.