Por años José Portillo Gil, alías “El Chueco”, vivió en medio de una rampante impunidad a pesar de tener órdenes de captura por varios crímenes y mantuvo sometidos a los miles de habitantes de la sierra de Tarahumara, muchos de ellos indígenas, mientras se paseaba tranquilamente por las calles y hasta se jactaba de patrocinar un equipo de béisbol local.
Su más reciente crimen, el asesinato a balazos de los jesuitas mexicanos Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar y un guía turístico en un templo de la comunidad de Cerocahui, en el estado norteño de Chihuahua, lo colocó esta semana en la palestra pública nacional convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados de México por el que se ofrece un recompensa de unos 250,000 dólares por información que lleve a su captura.
La abierta impunidad en la que vivía Portillo Gil fue cuestionada el jueves por el propio mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien admitió que era “muy sospechosa” la “vida normal” que tuvo por años el presunto agresor de los sacerdotes, a pesar de tener órdenes de captura pendiente desde el 2017 por un ataque contra la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones en Urique, y luego en el 2018 al ser señalado como el principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas DEA.
López Obrador anunció que habrá una “investigación a fondo” en el caso de los jesuitas asesinados así como por la impunidad en la que vivió Portillo Gil.
De acuerdo a informaciones difundidas por los medios locales Portillo Gil es el líder de una célula del narcotráfico vinculada al poderoso grupo criminal de Los Salazar que está asociado al cartel de Sinaloa en Chihuahua.
“Era conocido por la comunidad y por las autoridades, esto no es ningún secreto y tampoco es una afirmación gratuita que yo pueda hacer”, dijo la víspera el sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, al asegurar que entre los pobladores de Cerocahui había mucho miedo de denunciar a Portillo Gil por temor a represalias.
“Hablar no iba a regresar la vida de nuestros hermanos, no iba a recuperar la paz ni la tranquilidad. Era más el daño que se hacía hablando que callando, por eso opté por callar hasta el momento en el que la nota fue teniendo notoriedad”, indicó Ávila al medio local Aristegui Noticias.
Tras el evento del 2018 las autoridades no volvieron a mencionar a Portillo Gil hasta la víspera cuando la Fiscalía de Chihuahua difundió carteles con la fotografía del presunto atacante ofreciendo una millonaria suma en pesos por información que lleve a su detención, mientras las fuerzas militares y policías mantienen un intenso operativo en el municipio norteño de Urique para capturarlo.
En conferencia de prensa el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó que Portillo Gil era el patrocinante de un equipo de béisbol de Cerocahui, y que la derrota de su conjunto lo llevó a atacar el lunes a un habitante del poblado y su hermano, quienes aún permanecen desaparecidos. Horas después de ese hecho “El Chueco” tuvo una discusión con el guía turístico Pedro Palma a quien luego de perseguirlo hasta un templo lo asesinó junto a los dos sacerdotes y después se llevó los cuerpos los cuales fueron localizados el miércoles.
Pese a las críticas que se han intensificado en los últimos días contra las políticas de seguridad de su gobierno y la creciente impunidad que se evidenció en el caso de Portillo Gil, el mandatario mexicano defendió el jueves las acciones que ha ejecutado su administración desde el 2018, y sostuvo que “no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana” el problema de la delincuencia que se viene enfrentando desde hace varios años en México.
“No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo López Obrador tras criticar las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores y defender su consigna de “abrazos y no balazos” para enfrentar a los delincuentes.
Los homicidios en México han dejado de crecer al ritmo vertiginoso de los años previos pero no se han logrado contener. Los casi 124,000 asesinatos que van en esta administración superan ya los registrados en todo el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).