La fuerza opositora boliviana Creemos llamó a diversos organismos internacionales para que puedan activar los «mecanismos necesarios» para que se anule la sentencia de 10 años de cárcel para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y que acompañen la reforma de la Justicia en el país.
El llamado fue realizado mediante cartas enviadas a organismos como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas y el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, informó este martes la jefa de la bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.
En las cartas enviadas, los parlamentarios de Creemos solicitan un «llamamiento urgente al Estado boliviano en favor de la nulidad del proceso penal» en contra de Áñez.
«Realizamos un llamado a las organizaciones internacionales para que activen los mecanismos necesarios dentro del marco de sus competencias que resulten efectivos para lograr la tramitación de juicios justos con las debidas garantías judiciales para todos los presos políticos en Bolivia», indica la nota enviada al embajador de la UE en Bolivia, Michael Dóczy.
Los opositores insistieron con su pedido de la nulidad de la sentencia a Áñez ante la evidencia de «graves violaciones de derechos humanos» durante su juicio que no contó con el «debido proceso» como también expresan algunos informes de organismos internacionales.
«Ante el escenario actual, consideramos difícil obtener justicia y nulidades que proceden, el único camino será el de las instancias internacionales», indica la nota.
Si bien la defensa de Áñez apeló la decisión de la Justicia boliviana, la alianza opositora duda de que «el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz pueda enmendar sus errores en la instancia de apelación».
Asimismo solicitan que haya un acompañamiento internacional a la anunciada «reforma de la Justicia» boliviana para asegurar procesos transparentes y efectivos.
Los opositores recordaron también las observaciones preliminares que hizo la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia respecto al juicio de Áñez en lo referente al tipo penal de «incumplimiento de deberes» que es muy amplio y el uso excesivo de la detención preventiva, entre otros.
ALGUNOS ANTECEDENTES
Tras conocerse la sentencia, la UE aseguró que el sistema judicial de Bolivia tiene «deficiencias estructurales» e hizo referencia a las observaciones preliminares de la Oacnudh que señaló que el juicio «no respetó plenamente los derechos al debido proceso» de Áñez.
Por su parte, García-Sayán expresó que le preocupaba lo «revelado» por el expresidente Evo Morales sobre una «reunión política» entre líderes del Gobierno y el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en la que habrían acordado que Áñez «sea sometida a un proceso ordinario» y advirtió una «posible intervención del poder político».
Al respecto, la Cancillería boliviana mencionó que los comentarios del relator «representan un exceso de su parte» ya que el proceso de responsabilidades al que hace mención «está actualmente» en el Parlamento.
La Fiscalía y el Gobierno en sus acusaciones consideraron que Áñez se proclamó presidenta tras vulnerar los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados, y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador del MAS, mientras que su defensa argumenta que hubo un vacíos de poder tras la renuncia de Morales que denunció un supuesto «golpe de Estado».
Áñez tiene otros procesos ordinarios en la Justicia boliviana, como el denominado «golpe de Estado I» en el que se le acusa de delitos como conspiración y terrorismo por la crisis de 2019.