Archivan caso Mercasa en República Dominicana y Panamá

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El juez de la Audiencia Nacional de España que ha investigado presuntas irregularidades en los contratos de la empresa pública Mercasa en Panamá y en la República Dominicana ha decidido archivar el caso al considerar que las pesquisas no han logrado acreditar la comisión de los delitos que se imputaban.

El magistrado Santiago Pedraz ha dictado un auto, conocido este jueves, en el que decreta el sobreseimiento provisional de esta causa, una en las que ha investigado contratos de Mercasa en el extranjero.

En el caso de Panamá y República Dominicana, el juez ya no ve más margen para seguir investigando y considera que hasta ahora no se ha justificado debidamente «la perpetración de los delitos imputados, sin que existan expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios».

En su decisión ha pesado el silencio de República Dominicana y Estados Unidos a la hora de responder a las comisiones rogatorias que cursó la Audiencia Nacional en el marco de sus pesquisas. A día de hoy, dice el juez, no han sido cumplimentadas.

Asume, por tanto, que la instrucción «se encontraría pendiente de diligencias necesarias para esclarecer la realidad de los hechos investigados», pero el tiempo transcurrido sin que las comisiones rogatorias hayan sido contestadas y sin estar pendientes más diligencias de investigación, considera que lo oportuno es archivar el caso.

Una decisión que adopta a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (Mercasa) y de otros investigados.

Sin embargo, en otros casos, como en la pieza relativa a los contratos de Angola, el juez envió a juicio a 18 procesados por una presunta trama de sobornos a funcionarios del país a cambio de contratos entre 2006 y 2016.

En República Dominicana, Mercasa participó en la construcción del Merca Santo Domingo, ubicado en las próximidades del kilómetro 22 de la Autopista Duarte, en La Guáyiga, de Pedro Brand. Según la acusación, los funcionarios de la empresa española habían realizado pagos irregulares en el país en 2011. 

 

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