La pérdida de popularidad que los gobiernos están sufriendo por causa de la inflación quizás sea injustificada. Si las causas de los incrementos de precio son externas, no derivadas de decisiones gubernamentales, parecería inapropiado achacar la culpa al gobierno en cuestión. Pero aunque pueda ser un descenso inmerecido en su nivel de aprobación, dos características complican la situación de los gobiernos a ese respecto.
Una de ellas es la dificultad analítica de separar las influencias provenientes del exterior, de los efectos de las políticas aplicadas por las autoridades. Si tomamos el caso de los alimentos, por ejemplo, los incrementos de precio no suelen estar confinados a los rubros importados sino que se extienden a los producidos localmente, y se crea la impresión de que hay también causas internas para la inflación. Es posible que las alzas se deban a insumos importados, como fertilizantes y pesticidas, usados por el sector agrícola, sin que esa conexión con el exterior sea claramente percibida por la población. Pero también puede ser que la moneda nacional se haya devaluado, encareciendo las importaciones, y que parte de la pérdida de poder adquisitivo que dicha devaluación ha provocado obedezca a políticas que han sido aplicadas o dejadas de aplicar. La distinción entre unas y otras causas es compleja y está sujeta a ser interpretada según criterios particulares.
La segunda característica que complica la situación es la propensión de los gobernantes por derivar capital político de los eventos favorables. Es común, especialmente en países democráticos con elecciones periódicas, que las autoridades estén involucradas en una permanente caza de apoyos, lo que les motiva a tratar de asumir el mérito por los buenos acontecimientos económicos, incluidos los anuncios de inversiones públicas y privadas, el crecimiento del PIB y la apertura de puestos de trabajo. Dada esa actitud, no debe ser sorprendente que cuando algo no anda bien se les señale como responsables.