Como resultado de la agresión en su contra, se ha activado el proceso de evaluación de la solicitud de Ucrania para su eventual admisión en la Unión Europea. Sus posibilidades siguen siendo limitadas, sin embargo, pues los requisitos para ingresar no son solamente geográficos sino también institucionales.

El interés de Ucrania se explica por la diferencia que existe entre su nivel de vida y el de los países que ya son miembros, suponiendo que una vez dentro de la Unión las fuerzas de la economía de mercado y las ayudas a ser recibidas cerrarán progresivamente la brecha. Pero ser parte de la UE supone costos que asumir y reglas que cumplir, lo que significa que cuando dicha diferencia no existe, o es inversa como en el caso de Suiza, la motivación para entrar disminuye, y en los países que ya son parte genera presiones por salir. Esas presiones se acumulan a lo largo del tiempo y crean resentimientos que luego pueden manifestarse. Así ocurrió en el Reino Unido, como lo revela uno de los múltiples incidentes que eventualmente condujeron a su salida.

Hace algunos años una normativa de la UE estableció un mecanismo para disponer de neveras y congeladores enfriados con gases nocivos para el medio ambiente. Quedó prohibido que los equipos usados fuesen entregados a los comercios para su reventa, o simplemente utilizados para extraer el metal y otros materiales. Debían ser enviados a plantas especiales de procesamiento, en las que los refrigerantes perjudiciales serían removidos sin contaminar la atmósfera.

Según las autoridades británicas, la UE se demoró en precisar los pormenores de su reglamentación, lo que provocó que a la fecha de su entrada en vigencia no se hubiera construido ni una sola de esas plantas en el Reino Unido. Los refrigeradores descartados se acumularon en terrenos baldíos, basureros y en la vecindad de carreteras y caminos, a razón de varios miles de unidades por día, y se convirtieron en un peligro ambiental mayor que el que se intentaba resolver.