La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez presentó este lunes en Sucre, la capital constitucional del país y sede del poder judicial, un recurso de apelación incidental contra la sentencia de 10 años de prisión derivada de un juicio en el que cree que hubo «incidencia política».

En declaraciones a Efe, el abogado Luis Guillén, uno de los defensores de la exgobernante, aseveró que la apelación consiste en un «incidente por injerencia política» en el proceso llamado «golpe de Estado II», por el que Áñez fue sentenciada a mediados del mes pasado por delitos de resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes.

Fundamentos de la apelación

El jurista explicó que la apelación «denuncia las vulneraciones» que se produjeron en el juicio, como «una errónea aplicación de la ley», la «defectuosa valoración» de las pruebas, «transgresiones al debido proceso» y la decisión de proceder a juicio ordinario en vez de un caso de responsabilidades en el Parlamento.

Guillén mencionó que en el texto jurídico «hay ciertos elementos» que ya fueron observados por instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh) y que fundamentalmente denuncia que «ha existido injerencia política» en el juicio.

El caso «golpe de Estado II» tuvo como principales acusadores a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019 al vulnerar los reglamentos del Legislativo.

La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas de las cámaras Alta y Baja.

El Gobierno y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) también señalaron que el principal cargo del país debía corresponder a un legislador de ese partido y no a una parlamentaria de oposición como Áñez, que aseguraron se «autoproclamó» presidenta.

Al respecto, Guillén aseveró que ese argumento, que también fue señalado por la Fiscalía en el juicio, «no era algo real» debido a que «la ciudadanía se encontraba confrontada» y que el tribunal no valoró aspectos relacionados a ese contexto como tampoco argumentó los motivos por los que se la condenó a 10 años de prisión.

Más tarde, la familia de Áñez publicó en sus redes sociales una imagen del documento nutrido por «99 páginas de demostración de agravios y verdad» del que aseguró fue una «ilegal sentencia» a cargo de un tribunal «sin competencia».

En la publicación se asegura que hubo faltas al «debido proceso, el juez natural, la presunción de inocencia, el aporte de pruebas, la declaración de testigo», entre otras, que sirven para fundamentar «la nulidad del juicio».

Un juicio criticado

La condena contra Áñez mereció el pronunciamiento del relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, que en una serie de tuits consideró que Áñez debía ser juzgada en un juicio de responsabilidades y alertó sobre una «posible intervención del poder político» en el proceso judicial.

También se pronunciaron la Oacnudh, el Ministerio de Exteriores del Reino Unido y el portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, sobre algunos aspectos relacionados al juicio mismo que el Gobierno boliviano calificó como una «injerencia» en asuntos internos.

Áñez está recluida desde marzo del año pasado inicialmente acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en el caso «golpe de Estado I», que sirvió para que detenerla seis meses, y luego se inició el caso «golpe de Estado II», por el que se le extendió la reclusión por un periodo similar hasta que finalmente se le juzgó.