La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenó este martes la suspensión de la ley de la reforma laboral de Puerto Rico, pero el gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, aseguró que la medida se mantendrá en vigor.

La ley disminuye el periodo probatorio, estipula que se restablezcan las protecciones contra el despido injustificado, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y le extiende dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.

Según una carta de la JSF, el entre creado por el Congreso de Estados Unidos para controlar la política económica del Gobierno puertorriqueño, la ley 41 «frustra» y «perjudica» las disposiciones de la ley Promesa y el plan fiscal certificado.

La ley Promesa fue aprobada en 2016 en el Congreso en Estados Unidos para ayudar a gestionar la crisis de Puerto Rico derivada de su multimillonaria deuda pública y para establecer, asimismo, la JSF.

El ente fiscal indicó que «el Gobierno debe suspender inmediatamente la aplicación y el cumplimiento de la ley 41, al menos hasta que el Gobierno y la JSF hayan intercambiado sus puntos de vista».

«También instamos al Gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar la confusión de los empleadores privados que se preparan para la aplicación de la ley», concluyó la carta.

Sin embargo, Pierluisi respondió que «el Gobierno le suplirá a la Junta toda la información solicitada, pero mantendrá en vigor la ley», que fue aprobada el pasado 20 de junio.

En un comunicado, el gobernador explicó que la ley Promesa no faculta a la Junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma.

«De ocurrir eso, el Gobierno defenderá las enmiendas a la reforma laboral ante el Tribunal. El propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico», subrayó.

Los desacuerdos entre la JSF y el Gobierno de Puerto Rico han sido frecuentes en estos años en el marco de la reestructuración de la deuda pública de la isla.

En enero pasado, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80 % de la deuda del Gobierno central de Puerto Rico, que quedó reducida de 33.000 millones de dólares a 7.300 millones.