El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó apertura a juicio en contra de una imputada en el caso Operación Antipulpo y dictó medida conservatoria sobre sus bienes por la suma de 10 millones de pesos a favor del Estado dominicano.
Según la acusación contra Milagros Torres Castellanos, a quien se envió a juicio de fondo, esta es accionista de la empresa Editorama S.R.L, que hizo contratos con el Estado por más de 250 millones de pesos, y utilizada por el entramado para sustraer dinero de manera ilícita.
El juez “dictó medida conservatoria a favor del Estado dominicano por su condición de víctima y actor civil por la suma de 10 millones de pesos para poder el Estado dominicano resguardar el interés patrimonial por los daños y perjuicios materiales que sufrió como consecuencia de las acciones ilícitas”, dijo Jorge Antonio López Hilario, quien representa al Estado en materia civil en el caso Antipulpo.
López Hilario dijo que a Torres Castellanos se le señala en lavado de activos y otros ilícitos penales como asociación de malhechores.
Junto a López Hilario, representan al Estado en materia civil, Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y José Luis Almánar.
El proceso contra Torres Castellanos se separó de los demás implicados en Operación Antipulpo porque supuestamente posee “una situación de salud especial” y exámenes psicológicos y psiquiáticos recomendaron que no sea sometida a proceso que puedan generarle estrés.
Juez se innhibe para conocer preliminar a otros acusados
Tras enviar a juicio a la imputada Milagros Torres Castellanos, el juez Peguero se inhibió para conocer el proceso a los demás acusados de la supuesta red que encabeza Alexis Medina Sánchez, la que habría desfalcado al Estado con casi 5 mil millones de pesos.
Peguero consideró que ya estaba contaminado para seguir el proceso, informó Wilson Camacho, director del Pepca, Wilson Camacho.
Su decisión de inhibirse la envió a la jueza coordinadora de instrucción quien decidirá si lo ratifica en el caso o designa a otro juez.
En su acusación contra la supuesta red, el Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con casi 5 mil millones de pesos. A Medina Sánchez se le atribuye haberse aprovechado su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez para dañar al Estado.