Cattleya es el nombre con el que el Ministerio Público llama al operativo simultáneo que realizó este jueves en decenas de establecimientos del Distrito Nacional y Bávaro, en la provincia La Altagracia, en el que rescató a más de 80 mujeres, de entre 18 y 23 años, de Sudamérica, víctimas de explotación sexual
La Procuraduría General de la República informó que los allanamientos fueron producto de una investigación que comenzó hace nueve meses.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra 10 imputados venezolanos, colombianos y dominicanos.
Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, explicó que las actuaciones contra la trata de personas responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Miriam Germán Brito contra el crimen transnacional.
“Los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial. Las jóvenes eran retenidas en el Hotel Caribe, del Distrito Nacional, y en el Residencial Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia”, afirma un comunicado de la Procuraduría.
Investigan a catorce
Bejarán Álvarez indicó que en la operación participaron 25 fiscales, más de 200 agentes de la Policía Nacional y más de 50 técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas. Durante los operativos, los equipos ocuparon sustancias controladas, como marihuana y drogas sintéticas.
Dijo que la operación cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
“Debemos agradecer la cooperación de otros países en esta operación, en especial la de Estados Unidos, una nación que en su informe de este año sobre la trata de personas reconoce que, aunque debemos superar limitaciones, las autoridades de República Dominicana realizamos esfuerzos sostenidos para luchar contra delitos como la trata y el tráfico sexual”, dijo Bejarán Álvarez.
Como parte de la operación Cattleya, se investiga al menos a 14 personas por la comisión del delito de trata, incluidas procedentes de Colombia y seis de Venezuela.
Cómo se atrae a las jóvenes
Según la Procuraduría, las redes criminales movilizaban a las jóvenes mujeres con la promesa de un trabajo bien remunerado en República Dominicana. Pero las explotaban sexualmente. En la zona de Bávaro ofertaban los servicios sexuales de las víctimas a un costo de 100 a 150 dólares por una hora y hasta 400 dólares por noche.
Una vez traídas al país, las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre US$3,000 y US$4,000 con las redes que las movilizaban, les obligaban a consumir sustancias controladas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos.
Un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el pasado julio indica que el Gobierno de República Dominicana no cumple con las normas mínimas para acabar con la trata de personas, sin embargo, reconoce que las autoridades del país están haciendo esfuerzos para lograrlo. Pese a ese esfuerzo que menciona el informe y al aumento de las acciones de prevención, protección y persecución de este delito, el país se mantiene en la categoría 2 debido a que el Gobierno “no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”.