Las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, anunciaron este domingo «un cese unilateral de hostilidades ofensivas» para buscar «caminos de paz» ante la «era distinta» que se abre en Colombia desde la investidura de Gustavo Petro.
«Por fin termina el régimen saliente presidente (Iván) Duque (sic)», comienza el comunicado de este grupo, la banda criminal más grande del país, donde aseguran que el Gobierno que hoy termina «es representativo de todas las cosas que deben cambiar en un país para el logro de la esquiva paz».
Así, esperan que a partir de este domingo se inicie «una era distinta para nuestra atribulada patria», en la que levantarán «todas las medidas extremas» que han debido «ejecutar», y decretan «un cese unilateral de hostilidades ofensivas, como expresión de buena voluntad con el Gobierno que inicia».
Esto con la «disposición de búsqueda de caminos de paz», por lo que quieren sumarse «a los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección».
Petro ha mostrado voluntad de emprender una política de paz total que contempla retomar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también el hablar con otros grupos armados que operan en el territorio.
Sobre el Clan del Golfo, que nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Petro ha hablado de «sometimiento voluntario a la justicia», pues distingue entre los grupos como el ELN que nacieron desde la insurgencia y con una ideología y estos otros grupos.
Desde que el Gobierno de Colombia extraditó al máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», en mayo pasado, este grupo empezó una campaña de retaliación, una embestida que incluyó una semana de paro armado que puso en jaque el norte y noroeste del país en mayo pasado.
Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), durante los seis días de paro armado se produjeron 145 afectaciones en nueve departamentos, sobre todo del Caribe y el noroeste, que incluyeron 22 asesinatos, cuatro bloqueos de vías y tres enfrentamientos armados.
También han desarrollada un «plan pistola» contra la Policía y el Ejército, que ha acabado con la vida de al menos 25 policías, 18 en actos de servicio y 7 que estaban de descanso, de los cuales 12 fueron solo en julio.