Un total de 16 personas, incluidas varias monjas, han sido acusadas formalmente de financiación del terrorismo por, supuestamente, entregar fondos a la guerrilla del Partido Comunista de Filipinas (PCF), el Nuevo Ejército Popular (NEP).
Un portavoz judicial, Mico Clavano, ha explicado que se han presentado 55 cargos por delitos tipificados en la Sección 8 Epígrafe II de la Ley 10168 de la República que contempla cadena perpetua y entre 500,000 y un millón de pesos (entre 8,800 y 17,600 euros) de multa, informa la televisión filipina ABS-CBN.
El artículo prevé estas sanciones por «poner a disposición cualquier propiedad o fondos o servicios financieros u otros servicios relacionados a una persona, organización, asociación o grupo de personas designadas» como terroristas.
El Consejo Antiterrorista de Filipinas designó al PCF-NEP como organización terrorista en diciembre de 2020. El caso está siendo juzgado en el tribunal regional de Ciudad Iligan, que ha dictado prisión sin fianza para los acusados.
Los cargos se basan en la declaración de dos antiguos miembros de la guerrilla. Uno de ellos participaba en la gestión económica del grupo insurgente y aseguró que el 60 por ciento de los fondos llegados del extranjero a la congregación de las Misioneras Rurales de Filipinas, congregación a la que pertenecen las monjas imputadas, se utilizaban para comprar armamento y munición para la guerrilla.
Las cuentas bancarias de las Misioneras Rurales de Filipinas están embargadas desde el 11 de febrero de 2020 por orden del Tribunal de Apelaciones de Filipinas.