Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) trataron de hacerse con datos electorales «sensibles» extraídos de las máquinas de conteo del sufragio tras las elecciones de 2020, según publicó este lunes el diario The Washington Post.

El rotativo, que dijo haber tenido acceso a documentación que lo demostraría, indicó que los abogados de Trump dirigieron a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales en estados clave como Georgia, Nevada y Michigan.

Los representantes del exmandatario pagaron por adelantado a los informáticos, en uno de los casos, 26,000 dólares.

El Post relata cómo la abogada Sidney Powell envió a un equipo a Michigan a copiar datos electorales de un condado rural y del área de Detroit; otro abogado hizo lo mismo para Nevada, y el día 7 de enero de 2021 -justo después del asalto al Capitolio- se les envió al sur de Georgia.

Este mismo lunes, se conoció que el que fuera abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado en el estado de Georgia por su implicación en los intentos del expresidente de invalidar las elecciones de 2020, en las que perdió ante el actual mandatario, Joe Biden.

Giuliani, cuyas teorías conspiratorias sobre una presunta interferencia a favor de los demócratas en los comicios han sido objeto de la investigación criminal que lidera la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tendrá que comparecer ante un gran jurado en la localidad de Atlanta (Georgia).

Desde el pasado mes de mayo, un gran jurado especial en Georgia analiza si el expresidente y otras personas cometieron crímenes al presionar a los políticos de ese estado en relación con los resultados de las elecciones de 2020.

También este lunes, un juez federal rechazó el intento del senador republicano Lindsey Graham de no comparecer ante el jurado especial, por lo que tendrá que declarar el próximo 23 de agosto para responder sobre dos presuntas llamadas telefónicas que realizó a funcionarios electorales de Georgia.

En Georgia y otros estados de EE. UU., los grandes jurados especiales no pueden emitir acusaciones criminales, pero sí tienen poder para exigir la comparecencia de testigos bajo citación judicial y la transferencia de documentos, dentro de un proceso que transcurre en secreto.

Al terminar su cometido, ese tipo de jurados -compuestos por entre 16 y 23 personas- emiten un informe con sus conclusiones y a veces recomiendan una medida u otra, pero corresponde a los fiscales decidir si acusan o no, algo para lo que necesitarían presentar pruebas a otro gran jurado.