El presidente Luis Abinader dijo en su discurso por motivo de su segundo año de gobierno, que el Ministerio Público tiene a cargo una investigación sobre supuestos actos ilícitos durante las pasadas gestiones en las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
El mandatario hizo la aseveración al explicar la inversión que realiza su gestión para aumentar la generación eléctrica y mejorar el sistema de transmisión.
“En el pasado se invirtieron miles de millones de pesos en la compra de medidores y transformadores, de redes, cables y accesorios, pero no hay constancia de que la mayor parte de tales materiales y equipos hayan entrado a los inventarios de las empresas, razón por la cual ya hay una investigación a cargo del Ministerio Público sobre las gestiones pasadas de las distribuidoras”, refirió en una parte de su alocución.
Desde que se instauró el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el 16 de agosto de 2020, los distintos administradores de las EDE han denunciado supuestos actos de corrupción de la pasada gestión.
El pasado 11 de diciembre de 2020, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, declaró que las licitaciones y los concursos que celebraban las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) “eran ganados por casi siempre un clan familiar y que una firma auditora y abogados especialistas realizarían una investigación».
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Sobre este caso, la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo en diciembre de 2020 que investigaría de oficio todo ilícito.
“Nosotros vamos a investigar cualquier hecho que nos enteremos que pueda constituir un ilícito penal o en este caso, un hecho de corrupción”, dijo en aquella ocasión el titular de la Pepca, Wilson Camacho.
El pasado 15 de junio de 2021, seis meses después y tras la auditoría privada a las EDE, el Estado dominicano se querelló ante la Pepca contra 11 personas, entre las cuales se destacan Juan Alexis Medina y cuñados del expresidente de la República, Danilo Medina: Luis Ernesto de León Núñez, Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra por un alegado desfalco por una suma ascendente a los RD$ 20,000 millones a través de las distribuidoras de electricidad.
En un comunicado de prensa se indicó que se les acusaba de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
También figuran como imputados Rubén Jiménez Bichara (exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (exadministrador general de Edenorte), Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales se interpuso la querella.
Esa denuncia se formalizó ante la Pepca hace un año y no ha habido sometimientos a la justicia.