Varias organizaciones civiles opositoras de Nicaragua pidieron este miércoles al papa Francisco denuncie la «grave persecución» que sufren los sacerdotes nicaragüenses por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

«Rogamos por los buenos oficios y la voz de denuncia y condena de su santidad el papa Francisco como pastor de su Iglesia, ante la grave persecución que hoy vive en Nicaragua», abogaron 17 organismos nicaragüenses en una declaración pública.

En el documento, las organizaciones firmantes hicieron «un llamado urgente sobre la situación que se vive en nuestro país por los desmanes de la dictadura y la escalada represiva que se ha dirigido en las últimas semanas contra la Iglesia católica y hacia los periodistas y medios de comunicación independientes».

Indicaron que desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Estado, «se ha implantado un régimen de violencia y de terror» en Nicaragua, «que pretende ahogar las protestas ciudadanas y callar las voces contra la dictadura de los Ortega y Murillo».

«Frente a un Estado criminal, frente a una dictadura que ha demostrado ser capaz de cualquier atrocidad contra la ciudadanía para mantenerse en el poder, esta vez la Iglesia católica en la voz de denuncia de sus sacerdotes, religiosas y religiosos busca ser exterminada por ser confiable y creíble para el pueblo», señalaron.

Mencionaron que en las últimas semanas «el régimen ilegítimo ordenó, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), el cierre arbitrario de ocho radioemisoras católicas y un canal de televisión», administradas por la Diócesis de Matagalpa (norte).

Antes también habían ordenado el retiro de las frecuencias televisivas de tres canales católicos, agregaron.

«No bastando el cierre de estos medios, secuestra la voz firme de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y Estelí, junto a cinco sacerdotes, dos seminaristas, un coristas y dos camarógrafos, a quienes mantiene bajo el régimen de facto de casa por cárcel negándoles el acceso a alimentación y medicamentos» desde el pasado 4 de agosto, anotaron.

Las organizaciones expresaron su solidaridad con la Iglesia católica nicaragüense, con el obispo Álvarez y con los sacerdotes que lo acompañan en la curia episcopal de Matagalpa.

Asimismo, en la declaración llamaron «a las democracias del mundo y, en especial a las centroamericanas, a trabajar de la mano con la oposición política democrática nicaragüense y la sociedad civil, con el fin de encontrar rutas pacíficas que restituyan la democracia en Nicaragua».

Firmaron la declaración la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018.

También la Unidad Nacional, Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses, Iniciativa por el Cambio, Fuerza Democrática de Nicaragua, Unión Nicaragüense Autoconvocada, entre otras.