el uniformado no solo se llevó las armas de la institución, sino que además las vendió en el mercado negro. (Colprensa – Diego Pineda) (Diego Pineda/)
Un cabo del Ejercito Nacional fue enviado a la cárcel tras ser señalado como responsable de hurtar y comercializar cuatro armas que pertenecían a la institución.
El suboficial Andrés Fernando Rojas, era miembro del Batallón Especial Energético y Vial número 5 con sede el en el municipio de El Bagre, Antioquia.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los hechos por los que se señala a Rojas ocurrieron entre el 16 y el 17 de junio de este año.
La investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia, estableció que el cabo primero del Ejército Nacional habría aprovechado su posición al interior de la institución para sustraer armamento que pertenecía a las fuerzas militares y por tanto era de uso privativo.
Por esos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó al cabo del Ejército como presunto responsable por los delitos de peculado por apropiación y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.
El procesado fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con apoyo del Ejército Nacional en las instalaciones de la Brigada XVII, con sede Carepa, Antioquia. Durante las audiencias, el señalado por hurtar y comercializar las armas de la institución no se allanó a los cargos imputados.
Qué pasó con las armas que el cabo sustrajo del batallón del Ejército Nacional
De acuerdo con la información que reveló el ente investigador, dos de los fusiles que habían desaparecido del Batallón Especial Energético y Vial número 5 ubicado en El Bagre fueron hallados en un carro particular.
El hallazgo se dio en medio de un operativo de registro y control que adelantaban miembros de la Policía Nacional en un peaje ubicado en Neiva, Huila, el pasado 22 de junio. Al parecer, a partir de ese hecho se empezaron a profundizar las investigaciones para esclarecer qué había pasado con el armamento.
Luego de encontrar los dos fusiles, los investigadores de la Fiscalía lograron establecer que las otras dos armas de fuego, al parecer, habían sido comercializadas en el mercado negro.
Aparentemente el cabo primero del Ejército Nacional vendió las dos armas por un valor cercano a los siete millones de pesos.
Es de resaltar que aunque el suboficial Andrés Fernando Rojas no aceptó los cargos imputados por estos hechos, un juez avaló la solicitud de la Fiscalía y estableció la medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario en contra del uniformado.
Ejército no podrá desarrollar acciones cívico-militares con menores de edad en Arauca por orden judicial
El Juzgado 21 de Ejecución de Penas concedió una tutela que instauraron la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierra y la corporación jurídica Humanidad Vigente para que el Ejército en Arauca, fronterizo con Venezuela, cese las actividades cívico-militares en las que participen niños, niñas y adolescentes por el riesgo al que terminan expuestos.
La decisión se debe a que no solo el accionar criminal de los grupos armados ilegales afecta a los menores, sino también las actividades en las que participan con la Fuerza Pública, informaron en el periódico El Espectador.
Explicaron que la decisión judicial se conoció el 1º de diciembre y establece también que los militares deben abstenerse de implicarlos en actividades como visitas escolares a sus sedes institucionales, así como las de los uniformados a las instituciones educativas.
Anotaron en el diario antioqueño que también se estaría también transgrediendo la ley y las recomendaciones de organismos internacionales, porque las mencionadas actividades no han contado con el acompañamiento de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación.
El fallo, reseñaron en El Espectador, obliga también a que la Gobernación del departamento lleva a cabo a labores de vigilancia y garantía de los derechos de los habitantes menores de edad.
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