Por no tener con qué pagar las garantías económicas, también llamadas fianzas, impuestas por los jueces, 1,500 presos guardan prisión preventiva, reveló este lunes el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña.
Molina Peña sostuvo que el juez de ejecución de la pena deberá tomar una decisión con esos casos, pero antes, la defensa de los imputados y el Ministerio Público se le deben acercar al magistrado para que resuelva la situación de esos reclusos.
Indicó que la Defensa Pública le ha remitido los 1,500 expedientes de los internos a la Dirección General de Prisiones para que los revise y una vez examinados “tienen que ir al juez de la ejecución de la pena”, procedimiento que se hace por el momento manual y que con el nuevo sistema de gestión de casos digitalizados se tendrá un “mayor control de lo que está pasando en el sistema de administración de justicia”. El no poder pagar las garantías económias aumenta el número de presos sin condenas en las diferentes penitenciarías del país, cuyo número a principio de año sobrepasaba los 27,000.
El presidente de la SCJ habló del tema durante un encuentro navideño con los periodistas que cubren la fuente de justicia.
Jueces no pueden tener miedo
El presidente de la SCJ llamó a todos los sectores a respetar la labor judicial y el debido proceso a fin de que los jueces “puedan decidir sin presiones” los expedientes que se les somete. No obstante, Molina Peña considera que “en un país donde los jueces tengan miedo no hay democracia posible”.
Citó el informe de un estudio realizado en Suecia, Estocolmo, sobre el estado de las democracias y en el que República Dominicana aparece con avances. “El caso de República Dominicana y Ecuador, a pesar de que el contexto es adverso, tienen grandes avances en los indicadores entre 2015 y 2020, especialmente en lo relacionado con libertades civiles e independencia judicial”, indicó.
Régimen de consecuencia
El presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, dijo que el Poder Judicial tiene un sistema de integridad que ha sido actualizado y mejorado, con un código de comportamiento ético que aporta a la prevención y un reglamento disciplinario que le da fuerza al régimen de consecuencias, por lo que cuando “hay faltas penales” sus miembros están sujetos a las leyes como cualquier ciudadano.