El Senado declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas la ley que modificaría la Orgánica 15-19 sobre Régimen Electoral, la cual busca fortalecer a la Junta Central Electoral (JCE) como organismo encargado de organizar y dirigir las elecciones y otros mecanismos de participación popular.
También, propone crear una Procuraduría General Especializada para perseguir los delitos electorales.
La pieza fue aprobada en primera lectura con 20 votos a favor y tuvo dos en contra. En segunda discusión fue validada con 20 “síes”.
El pleno acogió el informe favorable, con modificaciones, presentado por la comisión especial apoderada de su estudio, que ameritó una redacción alterna del proyecto de ley presentado. El texto contiene 326 artículos, los cuales fueron leídos durante la sesión ordinaria de este martes.
La pieza deberá ser conocida y sancionada en la Cámara de Diputados.
Régimen sancionador
Al leer el informe de la comisión especial, su presidente Ricardo de los Santos, aseguró que el régimen sancionador fue organizado conforme con las disposiciones legales vigentes y las penas correspondientes.
Destacó que la iniciativa busca delimitar de forma clara y precisa las competencias de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
El senador perremeísta por Sánchez Ramírez introdujo nuevas modificaciones de estilo en el pleno senatorial, las cuales fueron acogidas.
Citó que entre los aspectos más relevantes de la pieza figuran de coordinación y preparación de la logística del proceso electoral, las garantías de los derechos políticos y la celebración obligatoria de audiencias periódicas con los representantes de los partidos políticos.
Aprueba préstamo
También, el Senado aprobó en única lectura un préstamo por 140 millones de dólares para financiar el Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial en la República Dominicana.
La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 31 de mayo del año en curso y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de noviembre.
De acuerdo al informe de la Comisión Permanente de Hacienda, que preside el senador Milciades Franjul, los comisionados evidenciaron que ese financiamiento responde a las previsiones contenida en la Ley 345-21 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2022, porque su monto fue autorizado por el Congreso Nacional.
Destaca el informe que por tratarse de un programa contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se aseguran las mejores condiciones financieras concesionales para ese tipo de operaciones.
Entre los objetivos del proyecto figuran reducir los costos de operación vehicular y del tiempo de viaje de los usuarios en las vías intervenidas. Además, incrementar la resiliencia de la infraestructura intervenida a los efectos del cambio climático.