Un representante legal del Banco de Reservas ha tenido que acudir al Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional a explicar los motivos por el cual esa entidad no ha facilitado la información financiera que la jueza dispuso se le entregara al principal acusado en Operación Coral y exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adan Cáceres, quien la utilizaría para su defensa.
Una audiencia este miércoles fue aplazada para el día 8, fecha en el que el banco deberá haber ejecutado la decisión de la magistrada Yanibet Rivas o, de lo contrario, se le impondrá una medida, que puede ser incluso un astreinte o penalidad económica, informó Romel Jiménez, abogado de Cáceres Silvestre.
Jiménez agregó que en la audiencia de hoy, el abogado de la institución financiera no expresó los motivos del incumplimiento, pero dijo que gestionará que la próxima cita en el tribunal no sea necesaria.
La información de Jiménez fue corroborada por el abogado del Estado, José Alberto Ortiz, quien afirmó a Diario Libre que el representante del Banreservas solicitó un plazo hasta el día 8 de marzo “para conocer la situación y él mismo (el abogado de la institución) tramitar la entrega de la información” antes de esa fecha.
Los documentos sobre la “vida financiera” del imputado, que se le impuso a Banreservas entregar, se dictó en noviembre del pasado año. Adan Cáceres deberá presentar sus alegatos de defensa el día 20 de este mes en el juicio preliminar de Operación Coral.
En el llamado juicio a las pruebas, etapa en la que se encuentra el caso, los acusados de la supuesta trama refutan las acusaciones que les hace el Ministerio Público. Hasta el momento han presentado sus defensas el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, el general Boanerges Reyes Batista y el mayor Raúl Alejandro Girón, estos dos últimos del Ejército de República Dominicana, según el abogado que representa al Estado, José Alberto Ortiz.
El próximo viernes, le corresponde al general Julio Camilo de los Santos Viola y a varios de sus familiares que se involucran en la supuesta red, mediante la cual -según el Ministerio Público- se desfalcó al Estado con más de 4,500 millones de pesos.