El Consejo Constitucional francés se pronuncia mañana miércoles sobre una demanda de la oposición de izquierdas para organizar un referéndum sobre las pensiones con el objetivo de anular la ley que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

El órgano de control de constitucionalidad, que ya rechazó una propuesta de referéndum similar el pasado 14 de abril, también de parlamentarios de izquierdas, hará pública su decisión a última hora de la tarde sobre esta nueva redacción que trata de salvar los obstáculos con los que se encontró la primera.

Para la oposición y para los sindicatos, que este lunes organizaron la decimotercera jornada de movilización contra la reforma de las pensiones con cientos de miles de personas en la calle sería una oportunidad para intentar anular lo que no han conseguido con sus protestas.

Pero en realidad ni unos ni otros tienen demasiadas esperanzas en que el Consejo Constitucional de luz verde a la organización del llamado referéndum de iniciativa Compartida (RIP, en sus siglas en francés), que de todas formas para llevarse a cabo necesitaría reunir para celebrarse unos 4.8 millones de firmas.

La principal razón es la motivación de su dictamen del 14 de abril, en el que los magistrados constitucionales hicieron notar que la propuesta del RIP no supone una reforma real como exige la normativa para que pueda llevarse a cabo, en la medida en que su contenido -impedir que la edad mínima de jubilación sea superior a los 62 años- no suponía un cambio cuando se presentó.

Y es que al formalizarse el 13 de abril todavía no se había promulgado la nueva ley de las pensiones (eso ocurrió el día 15) y por tanto formalmente la edad mínima de jubilación era de 62 años.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que un RIP no se puede convocar para anular una disposición legislativa que se haya promulgado hace menos de un año.

Más allá de la viabilidad de este propuesta, los sindicatos y la oposición han puesto algunas esperanzas en una proposición de ley que se ha presentado para anular el retraso de la edad mínima de jubilación a los 64 años, que se debatirá en la Asamblea Nacional el próximo 8 de junio.

Otra iniciativa que, teniendo en cuenta las actuales relaciones de fuerza en el Parlamento, y en particular la mayoría abultada de la derecha en el Senado, parece difícil que prospere.

En cualquier caso y para poner presión, los sindicatos han fijado como nueva fecha para una movilización nacional contra la reforma de las pensiones el 6 de junio, es decir, dos días antes del examen de la proposición de ley.