La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, aplazó este lunes para el viernes 19 de mayo la fase preliminar de la audiencia unificada que se le sigue a los 48 imputados de los casos de supuesta corrupción contra el Estado denominados Coral y Coral 5G por alegados problemas de salud presentados por la imputada primer teniente de la Policía Nacional, Jehohanan Rodríguez.
La magistrada autorizó a la oficial señalada, que cumple medida de coerción consistente en arresto domiciliario, ir al médico a chequearse de una dolencia que no se dio a conocer. El abogado de la encartada, Félix Portes, solo manifestó que ella estaba indispuesta.
“No logramos terminar porque se presentó un incidente con relación a una de las imputadas cuya situación de salud no le permitió continuar. Pero estamos desmontando incidentes, como la no formulación de cargos. Estableciéndose al tribunal que sí, que la acusación contiene correcta formulación de cargos. También ciertas exclusiones probatorias que las defensas utilizaron en sus argumentos”, expresó la coordinadora de Litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz.
Los casos unificados Coral y Coral 5G avanzan en la fase preliminar de réplicas por parte del Ministerio Público. El órgano acusador intenta en esta etapa desmontar los argumentos planteados por los imputados y sus defensas, ante de que la jueza determine si envía o no a juicio de fondo a los acusados.
La primer teniente de la Policía Nacional Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez es madre de dos hijos del coronel Rafael Núñez de Aza, también procesado por su vinculación a la presunta red de corrupción.
La dama admitió parcialmente su participación en el caso del entramado de corrupción del caso Coral 5G, razón por la cual el Ministerio Público solicitó variar la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Adán Cáceres, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), son los principales acusados en la supuesta red Coral y Coral 5G, respectivamente.
A los encartados se les imputa defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.