Supremo de Brasil aprueba analizar celulares de golpistas

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Un juez de la Corte Suprema de Brasil permitió este lunes a la Policía Federal acceder y analizar el contenido de los celulares de los bolsonaristas detenidos por el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero en Brasilia.

El magistrado Alexandre de Moraes avaló la medida ante su «inequívoca relevancia» para dar continuidad a las investigaciones abiertas por la violenta invasión de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo perpetrada por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.

«Autorizo el acceso, la extracción y el análisis, por parte de la Policía Federal, de los datos de los celulares incautados como consecuencia de las detenciones» que tuvieron lugar el 8 de enero, indicó el juez en su decisión.

Ese día, miles de bolsonaristas provocaron el caos en la capital brasileña al invadir y destrozar las sedes de los tres poderes de la Nación, en un intento por forzar el derrocamiento del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido el poder una semana antes.

Las autoridades brasileñas llegaron a detener a unas 2,000 personas por la asonada golpista, aunque en la actualidad permanecen en prisión menos de 300. El resto aguarda el final del proceso en libertad con medidas cautelares.

La Fiscalía ha presentado hasta el momento 1,390 denuncias, de las que 550 ya han sido aceptadas por el Supremo, con cargos como «abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «golpe de Estado» y «asociación ilícita armada», entre otros.

La Policía defiende que del contenido de los celulares aprehendidos ese día pueden salir nuevas pruebas y facilitar así el avance de las investigaciones, que se centran en averiguar los autores intelectuales, así como los financiadores de la intentona golpista.

Bolsonaro, que el 8 de enero se encontraba en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle la banda presidencial a Lula, consta como investigado por «incitar» a sus seguidores a atacar las instituciones democráticas.

El líder ultraderechista, que gobernó entre 2019 y 2022, declaró el pasado 26 de abril ante la Policía por este caso y negó cualquier tipo de responsabilidad con la intentona golpista.

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