La justicia colombiana negó este martes el pedido de un fiscal para cerrar la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno, un nuevo revés para el exmandatario en uno de los casos más sonados y politizados de los últimos años en el país.

«Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe», afirmó la jueza Laura Barrera durante una audiencia pública en Bogotá.

Es la segunda vez que un tribunal rechaza una solicitud de la fiscalía para archivar la investigación contra Uribe por presuntamente sobornar y manipular testigos alrededor de su supuesta participación en grupos armados de extrema derecha.

La decisión allana el camino para que Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con una política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas tan aplaudida como criticada, se convierta en el primer expresidente colombiano en ser enjuiciado.

«Al igual que ocurrió la vez pasada, lo que hoy está diciendo la juez es que con estos argumentos, con estas pruebas, el caso no se puede precluir», explicó a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.

Pero la fiscalía aún puede preparar una nueva solicitud para cerrar la investigación o apelar la decisión de Barrera ante otro juzgado.

Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por dos delitos relacionados (soborno y fraude procesal), que en Colombia son castigados con unos ocho años de cárcel.

Efecto bumerán 

El fiscal a cargo del caso comparte la teoría de la defensa de Uribe, según la cual el también exsenador de 69 años se limitó a contactar testigos para que dijeran la verdad en las investigaciones sobre su posible participación en grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Un vínculo que Uribe siempre ha negado.

El jefe de la fiscalía, Francisco Barbosa, fue propuesto para ese cargo en 2020 por el expresidente Iván Duque (2018-2022), miembro del partido de Uribe. Su periodo al frente del ente investigador termina a comienzos de 2024, cuando el presidente izquierdista, Gustavo Petro, propondrá una nueva terna para fiscal general a la Corte Suprema.

Uribe, señalado en varios frentes de tener vínculos con narcos y paramilitares, terminó enredado por un efecto bumerán de la justicia colombiana.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

Uribe sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha.

Ambos bandos cometieron violaciones de derechos humanos en medio del conflicto que desde hace seis décadas desangra a Colombia, y que Uribe intentó sofocar sin éxito mediante una política de abierta confrontación.

Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.