El Gobierno de la República Dominicana advirtió a través de una carta enviada a la dirección de Diario Libre que la intención de Donald Guerrero al contratar al lobista Connie Mack IV tiene el “objetivo expreso de atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader».
Esa estrategia de ataques, indica Palacio, incluye también «a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso”.
El exministro Donald Guerrero es uno de los principales imputados de la Operación Calamar, y cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, la cual le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado mes de abril por su vinculación a la supuesta red de corrupción administrativa.
La carta escrita por Homero Figueroa, vocero del presidente de la República, señala que «el Gobierno dominicano tenía conocimiento previo de los detalles de esta contratación internacional y, además, de la existencia de una campaña de ataques ejecutada desde diferentes plataformas de información a nivel local, con el mismo objetivo de desacreditar al Presidente de la República y al Ministerio Público”.
De acuerdo con el Gobierno dominicano, Guerrero habría invertido unos US$55 mil solo en la firma internacional del lobista.
Manipulación
El Gobierno “rechaza enfáticamente estas acciones destinadas a socavar la credibilidad y la integridad de las instituciones democráticas de nuestro país”, indica el documento.
Además, considera la contratación como un intento de “manipular la opinión pública y desestabilizar el orden institucional (que) debe ser tratado con seriedad y transparencia”.
Diario Libre reveló ayer que el principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar, contrató a una empresa estadounidense Liberty International Group LLC, del excongresista republicano Connie Mack.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público denominado Operación Calamar, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en la supuesta estructura de corrupción.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, en los que, según el Ministerio Público, detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
Las acciones del lobista
El objetivo sería elevar hasta Washington las quejas «del tratamiento» contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.
El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en Puerto Rico en representación de Guerrero, y Liberty International Group LLC.
En sus acciones de lobismo, Mack dirigió el 13 de junio de este año una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita con Parnell para discutir “el arresto y la detención ilegal” de Donald Guerrero.
La carta a Parnell incluye copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson, subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de asuntos del Caribe. También a la administradora de la USAID para América Latina y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misión actuante de la embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo.
Se recuerda que el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. es un diplomático de carrera que asumió el cargo en República Dominicana en mayo de este año.
Lo que arguye
En la misiva, el lobista Connie Mack alega que Donald Guerrero se encuentra detenido por una investigación «donde no se ha presentado evidencia de corrupción».
En la misiva enviada a Parnell, Connie Mack dice que en el caso de Donald Guerrero «el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados».
Arguye que «la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión». Además, que es sospechoso que «el término de 18 meses de prisión preventiva venza poco después de las elecciones del próximo año (2024), apartando a sus opositores de cualquier actividad política hasta ese momento».
En cuanto al Ministerio Público, el lobista acusa específicamente a la procuradora adjunta, Yeni Berenice. «Es evidente que no solo ha abusado de su cargo; sino que ha convertido a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en un arma política», indica el político que se dedica a influir en favor de otros.