La madrugada de este martes, el Ministerio Público apresó a 12 personas, entre ellas empleados de la Procuraduría General de la República, bajo acusación de dedicarse a retirar “fichas” a personas vinculadas a procesos judiciales a cambio de dinero y sobornos. Entre los “beneficiados” de la práctica, según el Ministerio Público, hay sicarios, narcotraficantes y hasta personas que están cumpliendo 30 años de prisión.
Para la captura de las personas, el órgano persecutor realizó varios allanamientos en la misma sede de la Procuraduría en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís con la colaboración de unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Policía Nacional. El operativo fue llamado “Operación Gavilán”.
Conforme al Ministerio Público, la red era una estructura criminal integrada por fiscales, empleados administrativos y policías, “que se dedicó durante años a extorsionar y recibir sobornos a cambio de borrar información de registros oficiales”.
Los beneficiados
También fueron beneficiados con la limpieza del historial violadores sexuales, imputados de violencia de género, adulteración de alcohol y secuestro.
El órgano dijo que los miembros de la supuesta red criminal llegaron “al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales”.
Los nombres de los apresados no fueron revelados por el Ministerio Público. Tampoco suministró fotografías de los allanamientos realizados.
10 de los acusados trabajan en el MP
De los 12 apresados hay un miembro de la Policía Nacional, un expolicía y los otros 10 pertenecen al Misterio Público, entre los cuales hay empleados administrativos y técnicos.
Pedirá coerción
En una nota de prensa, la Procuraduría General de la República señaló que el equipo de investigación, que está a cargo de la Directora General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, tiene varios fiscales bajo investigación y que en los próximos días procederá a solicitar medidas de coerción en contra de los imputados, «ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción».
Detalló que serán imputados por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violacion a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
«Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados», dijo la Procuraduría.