El exministro brasileño Walter Braga Netto está siendo investigado por presuntos fraudes en negocios con la empresa estadounidense CTU Security, implicada en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, según fuentes policiales. Braga Netto, general de la reserva del Ejército, fue ministro de la Presidencia y luego titular de Defensa durante el gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro, y candidato a vicepresidente en la fórmula del líder de la ultraderecha para las elecciones de 2022.
La investigación se centra en supuestos fraudes en una compra de chalecos antibalas realizada en enero de 2018, cuando el general estaba al frente de una intervención federal decretada por el Gobierno del entonces presidente Michel Temer en Río de Janeiro, con el objetivo de combatir una ola de violencia en la ciudad.
La Policía Federal informó que, a través de acuerdos de cooperación judicial, fue alertada por autoridades de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades en esa operación, negociada con la firma CTU Security, propiedad del venezolano-estadounidense Antonio Intriago. Intriago fue detenido en febrero pasado en Miami, acusado, entre otros cargos, de «conspirar y proporcionar recursos» para el magnicidio de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en Puerto Príncipe.
Según las autoridades estadounidenses, los «recursos» suministrados para ese atentado incluirían armas, municiones y chalecos antibalas.
En el caso que se investiga en Río de Janeiro, la negociación con CTU Security implicaba la compra de 9,360 chalecos antibalas, para la cual se había acordado un sobreprecio de 4.6 millones de reales (hoy 920,000 dólares), equivalente a casi el 10 % del negocio.
De acuerdo con la Policía Federal, para esa operación comercial no se realizó la correspondiente licitación, que según las leyes brasileñas es una de las condiciones que deben cumplirse en todas las compras públicas.
Aunque ha motivado la investigación, el negocio no se concretó, ya que el contrato firmado con CTU Security fue anulado por el Tribunal de Cuentas del Estado brasileño una vez que se detectó esa irregularidad.