La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó este miércoles requerimiento fiscal en contra de los expresidentes de Honduras Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022), preso en EE.UU., a quienes acusan por fraude y lavado de activos.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la Uferco presentó requerimiento fiscal contra Hernández por fraude y lavado de activos de más de 62 millones de lempiras (2,5 millones de dólares).
Hernández, extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, enfrenta un juicio en Nueva York por narcotráfico y uso de armas.
El expresidente Lobo es acusado por fraude en un caso que involucra también a seis altos exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
En el caso, conocido como «Pandora», están involucrados el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, por fraude; los exgerentes de esta secretaría Lilia María Bográn y James Aldana Medina, y su director de presupuestos, Roberto Alonso Zúñiga, así como el exgerente de Banadesa Jorge Johny Handal y su exgerente financiero David Eduardo Ortiz, por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Según las investigaciones de la Uferco, los acusados conformaron entre 2010 y 2013 «una red de corrupción» que participó en la ampliación y aprobación de desembolsos públicos por más de 288 millones de lempiras (cerca de 11,7 millones de dólares) autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
Hernández recibió «al menos 62 millones de lempiras (2,5 millones de dólares)» para financiar su campaña política a través de la utilización de «diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos ‘Azules Unidos’ y ‘Amigos de JOH’, la sociedad mercantil denominada ‘La Cachureca’, así como a sus gerentes de campaña departamentales», añadió.
«En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos», subrayó el Ministerio Público.
Las investigaciones señalan que el exministro de Finanzas aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) a la fundación «Todos Somos Honduras«.
La Uferco solicitó la citación judicial de algunos de los acusados, y emitir orden de captura y alerta migratoria en contra de otros.
Inicialmente el caso fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic, ahora Uferco) y la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Ufecic y la Maccih acusaron en 2017 a al menos 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, por desviar miles de millones de lempiras para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.