Luego de escuchar durante casi cinco meses a una veintena de civiles y militares en audiencias públicas, los legisladores responsabilizaron a Bolsonaro (2019-2022) de cuatro delitos: golpe de Estado, abolición violenta del Estado de Derecho, violencia política y asociación criminal.

El 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el palacio presidencial y los edificios vecinos del Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, en un llamado a los militares a deponer al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ocho días después de su asunción.

«Jair Messias Bolsonaro, desde el cargo de presidente de la República, fue autor, sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones» que culminaron en la asonada, se indica en el informe de la comisión parlamentaria, leído el martes por la senadora Eliziane Gama.

Está previsto que el informe sea votado el miércoles y su aprobación está prácticamente garantizada por la mayoría de la base oficialista entre los 32 legisladores de la comisión. En ese caso, incumbirá a la Fiscalía General decidir si imputa o no al exmandatario, de 68 años.

Antes de su derrota ante Lula en octubre, Bolsonaro «utilizó como pudo el aparato estatal para lograr su mayor objetivo: erosionar las instituciones brasileñas hasta su total destrucción, para mantener el poder, de forma perenne y autoritaria», indica el texto, de más de 1,300 páginas.

En total, 61 personas -la mitad de ellos militares o policías- fueron acusados por la comisión, según la prensa.

Entre ellos están los generales Walter Souza Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, exministros de Defensa; el almirante Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina; o Marco Antônio Freire Gomes, excomandante general del Ejército.

El exministro de Justicia Anderson Torres, que dirigía la seguridad pública del Distrito Federal de Brasilia el 8 de enero, también fue señalado.

Esa invasión multitudinaria, dos meses después de una ajustada victoria electoral de Lula sobre Bolsonaro, sacudió la democracia brasileña, desató una amplia investigación policial y derivó en sentencias de hasta 17 años de cárcel para algunos involucrados.

Según el informe de la comisión parlamentaria, la asonada fue parte de una «tentativa premeditada de golpe de Estado» cuyo objetivo era «desestabilizar el gobierno, incendiar el país, provocar el caos y, si fuese necesario, una guerra civil».

El ‘hacker’ y el edecán

Las conclusiones de la comisión abren apenas otro frente para Bolsonaro, que ya es investigado en el STF por presuntamente instigar la asonada.

En junio fue declarado inelegible durante ocho años por desinformar sobre el sistema de votación, una condena que podría reafirmarse en otro caso sobre supuesto abuso de poder durante la campaña de 2022 que se reaunda este martes ante el Tribunal Superior Electoral.

Además, él y su esposa Michelle son objeto de una investigación por posible lavado de dinero, producto de un supuesto desvío de varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita.

Las audiencias públicas en la comisión parlamentaria -a veces agitadas- fueron escenario de testimonios reveladores, como el de un ‘hacker’ que afirmó haber tenido acceso a la sede del ministerio de Defensa para intentar crear un código falso para cometer fraude en las elecciones presidenciales.

Walter Delgatti Neto dijo que la sugerencia fue hecha por Bolsonaro en una reunión en la residencia oficial de la Alvorada. «Él me dijo que estaría salvando a Brasil«, señaló.

Otro de los escuchados fue Mauro Cid, un exedecán de Bolsonaro que, según declaraciones a la policía difundidas por la prensa, afirma que el expresidente se habría reunido con la cúpula militar para discutir detalles de una intervención de las fuerzas armadas para no dejar el poder.