El gobierno de Nicolás Maduro anunció el jueves la incorporación del empresario Alex Saab como miembro de su equipo en la mesa de diálogo que mantiene con la oposición, luego de que fuera liberado por Estados Unidos como parte de un canje por 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela y la extradición de un fugitivo.
Saab, que fue considerado por las autoridades estadounidenses como un operador financiero de Maduro, arribó la víspera a Venezuela a bordo de un avión privado y fue recibido en el Palacio de Miraflores como un héroe que “estuvo secuestrado 1,280 días”, dado que Maduro considera que fue detenido ilegalmente con cargos por lavado de activos y testaferrismo.
El empresario, colombiano y nacionalizado venezolano, fue detenido en 2020 en Cabo Verde cuando hacía una escala para cargar combustible con destino a Irán para negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno de Maduro. En octubre de 2021 fue extraditado hacia Estados Unidos y como respuesta Maduro, quien lo considera un diplomático venezolano, suspendió los diálogos con la oposición.
El jueves Saab hizo una nueva aparición en Caracas en una conferencia de prensa liderada por Jorge Rodríguez, jefe de la comitiva del gobierno de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional, y en su primera declaración como miembro del equipo negociador dijo que “la reconciliación es inevitable”.
Además, agradeció al gobierno estadounidense de Joe Biden por “seguir la senda del camino al respeto mutuo a la paz y al entendimiento» y reconoció que «se necesita mucho coraje, carácter y visión para poder alejarse de las políticas fallidas, por eso, mis respetos al presidente Biden”.
El canje molestó a opositores venezolanos que han criticado a la Casa Blanca por mostrarse pasiva mientras Maduro supera reiteradamente a Washington luego de que fracasó la campaña de presión del gobierno de Donald Trump para derrocarlo. También ha despertado temor de que Estados Unidos incentive la toma de rehenes en el exterior.
Según Rodríguez, que se dedicó a defender la inocencia de Saab, en Estados Unidos “no pudieron demostrar ni uno solo de los cargos”. En cambio, aseguró que Venezuela demostró “los delitos que cometieron los ciudadanos norteamericanos que fueron canjeados por Alex Saab, dos de ellos terroristas”.
Saab, por su parte, denunció haber sido “torturado”, sin mostrar pruebas. Según Rodríguez, le “arrancaron a patadas” tres dientes y le pusieron toallas en la boca por horas para “generarle asfixia mecánica”.
Rodríguez lanzó una advertencia y dijo que “no nos vamos a quedar así”, en alusión a las supuestas torturas a Saab que calificó como “crímenes de lesa humanidad”.
El mayor intercambio de rehenes desde Venezuela se produjo luego de que Estados Unidos aceptara levantar algunas sanciones económicas a ese país como parte de un acuerdo en el que participa con el país sudamericano para alcanzar unos comicios transparentes el siguiente año.
El 17 de octubre el gobierno venezolano y la oposición acordaron, en Barbados, establecer algunas garantías con miras a un proceso electoral libre, justo y verificable en 2024.
Venezuela se comprometió a aceptar la presencia de observadores de la Unión Europea y avanzar en un plan y cronograma para levantar las prohibiciones impiden a algunos líderes opositores participar en los comicios.
Ante la pregunta de periodistas sobre si tras el canje se avanzaría en acordar una fecha para los comicios, Rodríguez respondió que “si quieren una elección verdaderamente justa” será “libre de sanciones”.
María Corina Machado, la principal contendiente de Maduro tras ganar las elecciones primarias del 22 de octubre, en las que la oposición buscó definir un solo candidato capaz de superarlo, reaccionó el jueves ante el canje de Saab.
La líder política aseguró que quienes detentan el poder usan recursos “sin escrúpulos” para convertir “a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio” en la negociación entre el chavismo y la oposición.
La exlegisladora es una de las figuras políticas inhabilitadas por la Contraloría General para ejercer cargo público durante 15 años por una supuesta trama de corrupción sobre la cual no presentó pruebas y sin que haya proceso penal. Por lo cual, Machado planteó un “amparo cautelar” ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El organismo judicial ofició a la Contraloría que entregue las copias certificadas “de los actos administrativos” por los cuales se le impuso la inhabilitación política.