Un juzgado peruano rechazó este miércoles la detención domiciliaria pedida para el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y, en su lugar, le impuso 9 meses de impedimento de salida del país, mientras es procesado por la matanza de seis personas en Pativilca en 1992.

El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundado el pedido fiscal de variación del mandato de comparecencia simple por detención domiciliaria para Fujimori en el proceso que se le sigue por la matanza de Pativilca, informó el Poder Judicial en su cuenta de la red X.

En cambio, le dictó mandato de impedimento de salida del país por 9 meses, y ordenó cursar oficios a las autoridades competentes, bajo responsabilidad.

La resolución del juzgado rechazó el argumento de la fiscalía de que el exmandatario (1990-2000), al ser excarcelado en diciembre pasado por orden del Tribunal Constitucional, no tiene «ninguna medida coercitiva» que pueda evitar su fuga.

El último martes, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad formalizó su petición para que se ordene la detención domiciliaria durante 18 meses de Fujimori, una solicitud que el exmandatario rechazó por considerar que vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.

La audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria en el proceso que se sigue por el asesinato en 1992 de seis personas en la localidad de Pativilca, a manos del grupo militar encubierto Colina, fue realizada por el juez Littman Ramírez.

Dado que Fujimori tiene 85 años, la fiscalía consideró que lo más «acorde con la situación» es su detención domiciliaria para evitar «el peligro de fuga», porque no existe información sobre el arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del acusado.

En respuesta, el abogado del exmandatario, Elio Riera, pidió la improcedencia del pedido fiscal y aseguró que sí tiene arraigo domiciliario en la casa de su hija Keiko Fujimori.

Además, dijo que existen fotos con sus nietas e hijos que prueban su arraigo familiar y el contrato con una editorial con la que «ha trabajado en sus memorias», además de una pensión como exrector de una universidad, como prueba de arraigo laboral.

«Nos encontramos ante un pedido que tiene que ser declarado improcedente», dijo Riera antes de indicar que el requerimiento tiene «graves errores de forma y fondo».

Durante su participación en la audiencia, de manera virtual, Fujimori afirmó que una detención domiciliaria sería para él «más que una prisión preventiva» y consideró que el pedido fiscal vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.

Sostuvo que, aunque su salud se mantiene estable está «calificado como paciente de alto riesgo», además de que no ha hecho «un solo trámite para obtener un pasaporte».

«Le aseguro que yo renuncio a la obtención de este pasaporte mediante este escrito y cualquier otro procedimiento», señaló al juez antes de pedir que se establezca «algún procedimiento» para que no se permita su salida del país con el DNI.

También ratificó que vive en la casa de su hija Keiko, que tiene ingresos como jubilado y por los honorarios de la publicación de sus memorias, y que no posee «un solo inmueble» a su nombre.

Por este caso, el exasesor Vladimiro Montesinos, quien fuera el «hombre fuerte» del gobierno de Fujimori, aceptó la acusación por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, y fue sentenciado este miércoles a 19 años y 8 meses, una sentencia que ya está cumplida en sus 22 años de cárcel, precisó la magistrada Miluska Cano.

La Justicia sigue este proceso contra Fujimori, Montesinos, el exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y el exgeneral Luis Pérez Documet, además de los miembros del grupo Colina.