Una querella fue presentada este martes ante el procurador general de delitos electorales del Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra del secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, y otras personas. La querella alega una supuesta violación a la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, después de que Galán declarara que había hackeado el sistema de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE).
Según el comunicado de prensa, los querellantes, José Nicacio Díaz Guzmán, delegado técnico ante la Dirección Nacional de Elecciones de la JCE por el partido Primero La Gente y del Movimiento Político «La Expansión»; Ana Olivia Guzmán, candidata a regidora por Santo Domingo Oeste, por el partido Primero La Gente; Frederick L. Ferreras González, candidato suplente a regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Moda, y aliados, solicitan una investigación y una condena al pago de una indemnización de RD$25 millones por los supuestos daños morales, materiales, sicológicos y sociales causados.
La querella señala que, el 23 de enero de 2024, Galán admitió en varios medios que técnicos de su partido habían hackeado el Sistema Electoral Dominicano. Alega que pudieron manipular las impresoras utilizadas en las elecciones municipales de febrero de 2023.
Los abogados que representan a los querellantes son Fredermido Ferreras Díaz y Frederick Leomel Ferreras González. Alegan que Galán habría incurrido en delitos electorales, violando varios artículos de la ley no. 53-07 y del Código Penal Dominicano, específicamente los artículos 29 y siguientes de la ley, y los artículos 109, 110, 91, 92, 86, 87 del 265, 266, 267 del Código Penal.
Además, los querellantes destacan que la situación presenta similitudes con la denuncia de fraude y hackeo realizada por el expresidente del PLD, Leonel Fernández, en 2019, durante la convención interna para seleccionar al candidato presidencial, lo que resultó en la creación de la Fuerza del Pueblo. Consideran que las declaraciones de Galán también podrían tener implicaciones penales en términos de crímenes contra la seguridad interior del Estado.