La Constitución prohíbe la reelección de Nayib Bukele

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Un segundo mandato de Nayib Bukele, que este domingo se presentará a la reelección entre señalamientos de ilegalidad, no debe ser reconocido porque la Constitución lo prohíbe», dijo en una entrevista con EFE el candidato presidencial del partido de oposición Nuestro Tiempo (NT, liberal y progresista), Luis Parada.

Bukele, del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), es el favorito en las encuestas hasta con el 80% de la intención de voto y ha logrado esquivar la prohibición constitucional tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2021, emitida en parte por exasesores y exabogados de altos funcionarios de su Administración que el Congreso de mayoría oficialista nombró como magistrados.

«Un segundo gobierno de Nayib Bukele, a partir del primero de junio de 2024, sería inconstitucional, ilegítimo e ilegal. No debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países», sostuvo Parada, cuarto en la intención de voto con el 2,5%, de acuerdo con sondeos.

Parada no descartó que el oficialismo busque promulgar una nueva Constitución que le permita la reelección indefinida, algo que ya negó Bukele el pasado 4 de enero, cuando en una transmisión por X dijo que «actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida», que no la buscaba y que «tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar» la carta magna.

Sin embargo, en 2021 en una entrevista con dos youtuberos mexicanos, el presidente y hoy candidato a repetir en el cargo dijo que «no hay reelección» en El Salvador y que «estaría fuera de la Presidencia a los 42 años».

Para Parada, abogado que ha representado a El Salvador en litigios internacionales, «esta es la última oportunidad de sacar del poder de forma electoral a un gobernante que ya demostró que es un mentiroso«.

La elección más importante

A juicio del candidato de NT, que en febrero de 2020 renunció a su grado militar de capitán después de que Bukele ingresara al Congreso con policías y soldados armados con fusiles para presionar por un préstamo, la elección del domingo es la «más importante de la historia de El Salvador«.

«Se va a definir qué tipo de país va a ser. Va a ser un país que viva en libertad, en democracia y con respeto a las leyes o es un país que va a estar en las manos de un dictador«, acotó.

Sobre la postura del Gobierno de Estados Unidos, que últimamente se ha negado a opinar sobre la legalidad de la candidatura de Bukele a pesar que criticó la resolución que le abrió el camino, dijo que «desafortunadamente» es una actitud «bastante pasiva», aunque aclaró que esto no debe interpretarse «como que le han dado un espaldarazo».

Es falso que liberarán a pandilleros

La campaña electoral de Bukele se ha basado en pedir su reelección y que su partido tenga la mayoría calificada en el Congreso, y en acusar a la oposición de que liberará a pandilleros si ganan aunque sea un diputado.

«Sí quiero dejar muy claro que todos los pandilleros que están en la cárcel, ninguno va a salir», subrayó Parada.

Parada criticó que no existe un plan para atender las causas estructurales que permitieron el crecimiento de las pandillas, que a su juicio pasan por atender las necesidades económicas y exclusión social, y que el problema no se soluciona con «pactos y cárcel«, en referencia a las acusaciones de que el Gobierno ha sostenido acuerdos con esos grupos criminales.

De hecho, Estados Unidos ha sancionado a dos altos funcionarios por supuestamente dirigir, facilitar y organizar una serie de encuentros con líderes de pandillas encarcelados, como parte de los esfuerzos del Gobierno salvadoreño para negociar «una tregua secreta» con los jefes de la MS-13.

Dijo que ha intentado incentivar el voto de «las personas que están verdaderamente preocupadas por el rumbo que lleva el país», y calcula que una votación de al menos el 80% del padrón abriría la puerta a una segunda vuelta.

Agregó que de ser electo, en sus primeros 100 días daría un informe sobre corrupción del Ejecutivo de Bukele y pondría a disposición de la Justicia las pruebas de los atropellos. Además, se enfocaría en atender temas como la economía, agricultura, medioambiente y migración.

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