La capital de Haití y varias ciudades de provincia se encuentran en aparente calma este jueves después de las intensas y multitudinarias manifestaciones antigubernamentales del miércoles, que dejaron seis muertos. Los manifestantes pedían la dimisión del primer ministro Ariel Henry.
Los violentos sucesos, en los que al menos una docena de personas resultaron heridas, han sido condenados por diferentes sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Haití (CEH). La CEH pidió este jueves a las autoridades «poner fin inmediatamente al sufrimiento del pueblo» y llamó a Henry a tomar «una sabia decisión» por el bien de la nación.
La CEH expresó su preocupación por la situación actual y afirmó: «Ya se ha derramado suficiente sangre y lágrimas con los asesinatos, secuestros y violaciones perpetrados en los últimos tres años. ¡Ya estamos hartos! Cierren el grifo de la sangre y dejen de contar los muertos». También hizo un llamado a los haitianos «a no caer en la trampa de la violencia y de las luchas fratricidas».
La Oficina de Protección al Ciudadano (OPC), una institución que vigila los derechos humanos, exigió una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte violenta el miércoles de cinco agentes de la BSAP, una nueva entidad armada sobre la que las autoridades han perdido completamente el control.
La OPC reclamó una comisión de investigación independiente «para determinar las circunstancias de estos asesinatos y establecer los posibles grados de responsabilidad». También condenó las agresiones a trabajadores de la prensa, tres de los cuales resultaron heridos de bala durante las manifestaciones.
Tras los hechos del miércoles, Henry pronunció un discurso a la nación en el que no mencionó los reclamos de su dimisión. Se comprometió a celebrar elecciones cuando la situación de seguridad en Haití lo permita y reconoció las necesidades del pueblo haitiano en términos de paz, seguridad, empleo y educación.
El Gobierno está haciendo esfuerzos para reforzar la capacidad de intervención de todas las fuerzas de seguridad legales del país. Henry llamó a la calma a los manifestantes y afirmó que el Gobierno trabaja para que las actividades puedan reanudarse rápidamente.
Haití atraviesa una situación social, política y económica crítica, agravada por la violencia extrema de las bandas armadas, responsables de numerosos delitos. Además, cerca del 50% de la población sufre inseguridad alimentaria y más de la mitad vive en la pobreza en este país, considerado el más pobre de América.