La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente realizó un operativo en el municipio de Maimón de la provincia Monseñor Nouel que culminó con el arresto de varias personas y la paralización de las operaciones de empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de materiales de la corteza terrestre, conocidas como granceras, por la comisión de delitos ambientales.
Durante el recorrido, encabezado por el procurador titular de Proedemaren, Francisco Contreras, “se detuvo la construcción de una calle que da acceso al río Yuna, donde se observó que la misma interrumpe la fluidez del arroyo en dos puntos. Además, se eliminó una gran cantidad de árboles, todo esto cometido por el Consorcio Minero Maimón”, detalló un comunicado de la Procuraduría.
Además, fue paralizado un proyecto en una parcela identificada bajo el número 11-B D.CG, donde se construyeron dos calles, lo que afectó considerablemente la biodiversidad y que da acceso al río Yuna.
En el operativo participaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente y René Mateo, viceministro de Suelos y Agua; Juan Sierra, director de Minería, del viceministerio de Suelo y Agua; Franklin Bautista, director provincial de Medio Ambiente; Ana Patricia Ossers, directora del departamento jurídico de ese Ministerio; un equipo del Servicio de Protección Ambiental (Senpa) y miembros de la Policía Nacional.
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente realizó un operativo en la zona. (FUENTE EXTERNA)
Los hechos observados consistieron en extensiones irregulares del permiso otorgado por el director provincial de Monseñor Noel, lo que llevó al arresto de varias personas en el lugar de los hechos.
Durante la jornada fueron paralizadas las operaciones de extracción y procesamiento del Consorcio Minero de Maimón, ubicadas en las coordenadas UTM 19Q 364010.00, la cual tiene un permiso de Ministerio de Medio Ambiente, pero que fue excedido de sus términos de ejecución, consistente en la perforación de la capa freática, siendo ésta su centro de extracción, y dando como resultado que quedara afectada la vocación agrícola de esos terrenos.
Por tales razones, sus operaciones fueron paralizadas por la Proedemaren, lo que incluye la planta procesadora de esa corporación minera. Además, el Ministerio Público ambiental también paralizó una procesadora de agregados que funcionaba sin el debido permiso ambiental y que es propiedad de un ciudadano identificado como Santiago Santos.
Asimismo, bajo las mismas condiciones operaban las empresas de agregados identificadas como Inversiones Lodaco, JFred y Rudicon, lo que llevó al Ministerio Público ambiental a paralizar sus operaciones por no poseer los permisos legales, siendo citados sus representantes a comparecer en la sede de la Proedemaren.
También fue mantenida la paralización de los proyectos de un ciudadano identificado como Federico Bergés, acusado de perforar la capa freática, como consecuencia de la extracción indiscriminadas de materiales de la corteza terrestre en las inmediaciones del río Yuna.