Un grupo de manifestantes lanzó petardos y bombas molotov a la sede del gobierno del estado de Guerrero, en el sur de México, donde ocasionaron daños al edificio e incendiaron varios vehículos.
El incidente se registró en la ciudad de Chilpancingo, capital de ese estado, donde en las últimas semanas manifestantes han protagonizado violentas protestas en rechazo por el asesinato de un estudiante de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fue abatido el 7 de marzo por policías en un puesto de control callejero.
La muerte del estudiante Yanqui Gómez, de 23 años, desató una crisis política en Guerrero que llevó a la renuncia de los secretarios de Gobierno y de Seguridad y de la fiscal estatal, Ludwig Reynoso Núñez, Rolando Solano Rivera y Sandra Luz Valdovinos, respectivamente.
La Secretaría de Protección Civil estatal dijo el lunes en un comunicado que en uno de los pisos de la sede del Poder Ejecutivo de Guerrero se registró un incendio, como consecuencia de la protesta, que fue controlado por los bomberos y que sólo ocasionó daños materiales. En el estacionamiento del edificio gubernamental también se reportaron daños en quince vehículos, algunos de los cuales fueron incendiados.
La protesta coincidió con un comunicado que difundió una federación de estudiantes de Ayotzinapa en el que expresaron su rechazo a la designación de Reynoso Núñez como asesor en la gobernación de Guerrero, información que fue negada por las autoridades estatales que se comprometieron a seguir colaborando para esclarecer el homicidio de Gómez.
Por el caso del joven fueron detenidos dos policías y se está en búsqueda de un tercer agente que se mantiene prófugo de la justicia.
El asesinato de Gómez reavivó la polémica en torno a las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en Guerrero.
Los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, situada en las afueras de Chilpancingo, son conocidos por sus protestas que a menudo implican la toma de autobuses y camiones de reparto.
En marzo, un grupo de manifestantes realizó una violenta protesta en el palacio de gobierno, en el centro de la capital mexicana, donde con la ayuda de una camioneta derribaron una de las puertas de la antigua edificación para exigir al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que atienda a los familiares de los jóvenes desaparecidos y se aceleren las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados han cuestionado a López Obrador los pocos avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa, a pesar de que el gobernante se comprometió al inicio de su sexenio, en 2018, a que se localizaría a los estudiantes y se esclarecerían los hechos.