En la acusación que el Ministerio Público imputa al exministro de Hacienda Donald Guerrero se menciona que benefició, de «manera ilegal», a la empresa Intercaribe Mercantil, S.A.S, de su hijo Daniel Guerrero Mena, con facilidades crediticias otorgadas en un programa que se creó para compañías contratistas del Estado en el Banco de Reservas.
“Sometió ante la Junta Monetaria una relación de los Contratistas y Suplidores de Estado que presuntamente tenían Créditos en el Banco de Reservas de la República Dominicana, donde figuran Mustafá Abu Naba’a, Petroleum Trading Group, S.A. y la empresa representada por su hijo el acusado Daniel Guerrero Mena, e Intercaribe Mercantil, S.A.S, quienes no tienen ningún contrato de obras”, se describe en el expediente acusatorio del caso Operación Calamar.
Guerrero Mena es uno de los nuevos señalados como acusados en la supuesta red de corrupción que se desfalcó al Estado con casi 21,000 millones de pesos y que salpica también a los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
El ex alto funcionario Donald Guerrero Ortiz, como exministro de Hacienda era el responsable de elaborar, ejecutar y evaluar la política fiscal, que comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público, asegurando su sostenibilidad en el marco de la política económica del Gobierno y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
También era el presidente ex oficio del Consejo de Directores del Banco de Reservas, teniendo la suprema autoridad en el manejo y administración de los negocios y asuntos particulares de esa entidad financiera.
Guerrero Mena, vástago del exfuncionario y el empresario Mustafá Abu Naba’a A y Petroleum Trading Group, S.A, no tenían “ningún contrato de obras, compras o servicios con el Estado Dominicano, por tanto no califican para ser parte del programa de Contratista y Suplidores del Estado y de las facilidades crediticias otorgadas a estos a través de líneas de crédito con el Banco de Reservas, siendo estos incorporado al programa de manera ilegal y fraudulenta”.
Esas políticas regulatorias emitidas por el Consejo de Directores del Banco de Reservas y la Junta Monetaria desde la creación del programa y donde se estableció los requisitos para poder ingresar al programa de facilidades crediticias fueron violadas por Guerrero Ortiz.
En ese sentido, el Ministerio Público afirma que Donald Guerrero Ortiz “se autopagó de manera fraudulenta en su empresa Intercaribe Mercantil, la suma de un pago que él mismo autoriza el 31 de julio y en donde incluso falsea una comunicación y firma de orden por el Tesorero Nacional para autorizar un débito por 250 millones de dólares, que se obtuvieron producto de una colocación directa de bono que le ha generado al Estado”, añade la acusación.
En la acusación, a la que tuvo acceso Diario Libre, al empresario José Miguel González se le cita como investigado por asociación con el exministro Guerrero para apropiarse del negocio de importación y venta de asfalto, expulsando del mismo a Abu Naba’a.