La Asamblea de Ecuador fijó el jueves filtros más rigurosos para detectar el lavado de activos, como la prohibición de transacciones en efectivo superiores a los 10,000 dólares y un seguimiento “intensificado” en actividades comerciales como compra y venta de vehículos, bienes raíces, o actividades financieras de fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

Los legisladores respaldaron casi por unanimidad la ley para la detección y combate al delito de lavado de activos que deroga un texto vigente desde 2016 y acoge recomendaciones de organismos internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.

En Ecuador operan grupos de delincuencia organizada asociados con cárteles del narcotráfico transnacionales que, según autoridades, se disputan espacios de poder y rutas para el tráfico internacional de droga, de la que obtienen grandes cantidades de dinero.

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La asambleísta oficialista que impulsó la normativa, Nathaly Farinango, afirmó que la ley se alinea “con las necesidades de Ecuador que vive una guerra contra los grupos de delincuencia organizada”, mientras su colega, Mercedes Erbs, aseguró que “vamos a poder luchar contra el narcoterrorismo en el eje económico”.

La nueva normativa establece el umbral de diez mil dólares para las transacciones en efectivo, con lo cual se puede “limitar el uso de altas cantidades de dinero en efectivo que puedan provenir del delito de lavado de activos”, explicó Farinango. Cualquier compra o venta por montos superiores a ese, deberá pasar por el sistema bancario.

También se establecen nuevos estándares de control financiero en sectores como: inmobiliario, comercializadoras de vehículos, embarcaciones y aeronaves; fundaciones y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro.

Este mecanismo recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por sus siglas en inglés “implica que van a seguir de cerca cada una de esas actividades, tanto el sistema financiero y no financiero” dijo a The Associated Press la legisladora Farinango.

El filtro se refiere a las acciones rigurosas para obtener, por ejemplo, la identidad de un cliente y verificarla, determinar al beneficiario final de una transacción u obtener “cuando y como corresponda” la información sobre el propósito de la misma, lo que también aplicará para personas o funcionarios de alto rango, dignatarios de elección popular, equipos de fútbol, entre otros, dijo Farinango.

Además, se crearán oficinas provinciales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico — entidad estatal encargada de prevenir y erradicar el lavado de activos y los delitos financieros—, además se nombrará a la autoridad de una terna enviada por el ejecutivo y ya no directamente por el presidente de la República. También se conformará el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo (CONCLAFT). Este nuevo organismo estará encargado de diseñar políticas públicas antilavado y coordinará el trabajo con otras entidades públicas; estará conformado por delegados de otras instituciones del Estado.

Según la UAFE, en 2023, se detectaron 1,500 operaciones sospechosas, citó en el pleno el asambleísta Luis Vallejo y agregó que, de acuerdo con el reporte, desde 2016 hasta 2022, solo 14 casos fueron sentenciados de más de 150 denuncias.

Las Naciones Unidas señalan que el delito de lavado de activos busca “dar una apariencia de origen legítimo o lícito” a bienes o dinero que provienen de delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción secuestros, entre otros.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en Ecuador señala que el delito de lavado de activos representa el 2 al 5 % del Producto Interno Bruto y proviene de delitos como el tráfico ilícito de estupefacientes, delincuencia organizada, secuestro, extorsión, armas químicas, nucleares, biológicas delitos tributarios, delitos aduaneros, terrorismo, sicariato, entre otros.