El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha desatendido las dos citaciones enviadas por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en el marco de una investigación en su contra, según confirmó este martes a EFE el equipo de prensa del antichavista, que asegura haber ganado las presidenciales del 28 de julio.
El diplomático, de 74 años de edad, no compareció ni el lunes ni el martes a las dos citas fijadas por el MP, las cuales fueron publicadas en redes sociales por el fiscal general, Tarek William Saab, quien acusa al opositor de «terrorista» y «golpista».
Hasta ahora, se desconoce si la Fiscalía ha emitido una nueva citación al opositor.
Los llamados anteriores buscaban que el excandidato fuese a «rendir entrevista en relación a los hechos que investiga» la Fiscalía, «relacionados con la publicación y mantenimiento» de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado «el 83.5 % de las actas electorales» para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), divulgó estas actas, que el Ejecutivo tacha de «falsas», luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamase como ganador de los comicios a Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado por numerosos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen, incluso después de que el Supremo convalidara la victoria.
La Fiscalía, que citó para hoy por segunda vez al abanderado de la PUD, ha explicado que se trata de una investigación por la «presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración», los cuales acarrean penas de hasta 16 años de prisión.
El domingo, a través de un vídeo publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que el MP lo «pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos».
A su juicio, el fiscal general «se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político», ya que -aseveró- «condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso».