El ministro de Defensa de Honduras y su padre diputado, que son sobrino y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, renunciaron este sábado en medio de un escándalo por supuestos vínculos con el narcotráfico, tres días después de que la mandataria izquierdista cancelara el tratado de extradición con Estados Unidos.
El secretario del Congreso, Carlos Zelaya, quien es hermano del expresidente Manuel Zelaya, el esposo de Castro derrocado en 2009 en un golpe de Estado, anunció su dimisión para enfrentar una investigación sobre nexos con traficantes de droga.
«Voy a presentar mi renuncia al Congreso Nacional como diputado y como secretario del Congreso para despojarme de cualquier tipo de blindaje que pueda tener y se me investigue», declaró a periodistas el diputado.
Poco después su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a la jefatura del Ministerio de Defensa.
«Para que se investigue con toda libertad, he presentado mi renuncia como Ministro de Defensa ante la Presidenta», escribió el alto funcionario en la red social X, al resaltar «la integridad y el honor» de su padre.
Tras rendir declaraciones en la fiscalía, Carlos Zelaya dijo haber caído «en una trampa», al reconocer que participó en 2013 en una reunión donde estuvo un conocido narcotraficante hondureño y se ofreció «una aportación para la campaña» electoral del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre).
«Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, nunca tuvo ni el aval ni el acompañamiento, mucho menos conocimiento de esa reunión, ni la presidenta Castro, fue una reunión unilateral de mi parte», aseveró en las afueras de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en Comayagüela, ciudad contigua a Tegucigalpa.
La mandataria no ha comentado las dimisiones de su cuñado y su sobrino. En cambio, el expresidente Zelaya anunció en la red X que convocó para este domingo a una «sesión de emergencia» de la directiva del partido Libre, que él lidera.
Tratado cancelado
La declaración del diputado ante la fiscalía y la prensa se da tres días después de que Castro anunciara la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, que permitió encarcelar y enviar a ese país a 50 hondureños ligados al narcotráfico, entre ellos poderosos políticos.
Al día siguiente afirmó que lo hizo para evitar que Estados Unidos lo usara contra militares que le son leales y facilite un intento de golpe de Estado.
«Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno», afirmó la mandataria el jueves al referirse implícitamente a Estados Unidos.
La denuncia del tratado y las dos renuncias buscan «proteger a algunas personas cercanas al gobierno y estar en la línea de la geopolítica contra los Estados Unidos», dijo este sábado a la AFP el analista Jorge Yllesca.
La cancelación del tratado con Washington induce a pensar que hay funcionarios del gobierno hondureño «vinculados» a las drogas, había advertido el viernes a la AFP el sociólogo Pablo Carías.
Castro tomó su decisión en respuesta a la «injerencia» de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión del ministro Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, con el titular de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López.
«Sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela», criticó Dogu.
Mencionado en juicio en Nueva York
Carlos Zelaya fue mencionado en marzo pasado en el juicio en el que fue condenado en Nueva York a 45 años el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por narcotráfico.
«Si mañana mismo el gobierno de los Estados Unidos cree que tiene los suficientes datos o pruebas para entablarme un juicio, mañana mismo puedo presentarme a la justicia estadounidense», agregó el diputado Zelaya.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, que asumió en noviembre pasado, mandó a un equipo a escuchar las audiencias en el juicio contra Hernández en Nueva York e investigar a los hondureños que fueran mencionados.
«Continuaremos con nuestras investigaciones, no descansaremos hasta que la verdad prevalezca en Honduras y se le dé justicia al pueblo hondureño. ¡Sea quien sea!», aseguró el fiscal luego de la declaración del diputado Zelaya.
En agosto pasado, el funcionario anunció que llamaría a declarar a unas 36 personas que fueron mencionadas en el proceso, uno de ellos Carlos Zelaya.